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El presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, Faustino González Quiles, señaló a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y pidió a la entidad gubernamental que investigue y adjudique responsabilidades por los vicios de construcción en el puente atirantado de Naranjito.
“No nos va a temblar la mano”, afirmó González Quiles en entrevista con El Nuevo Día, al sostener que el Tribunal Disciplinario de la institución que preside atenderá cualquier querella que reciba contra alguno de sus miembros en relación con la construcción de la obra parcialmente inservible en Naranjito.
“En nuestros 85 años de historia, una de las cosas que ha destacado al colegio, siempre hemos dicho presente en la discusión pública en la materia inherente a la ingeniera y agrimensura en nuestro país, de una forma vertical y responsable. De llegarnos alguna querella, trataremos la misma con la misma responsabilidad y verticalidad que nos ha caracterizado en todos los trabajos que hemos hecho para el país”, manifestó el presidente.
Una investigación de Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Díapublicada el martes –que conllevó una demanda contra la ACT para el acceso a información pública- encontró que antes del primer aniversario de la inauguración del puente atirantado, en agosto de 2009, la ACT supo mediante una inspección rutinaria que la superficie del puente tenía ondulaciones de hasta 21 centímetros, una falla estructural que provocaba vibraciones e impactos de peso excesivos en los cables del puente al transitar vehículos y camiones.
El presidente del colegio sostuvo que esas fallas y vicios de construcción debían ser investigadas para la adjudicación de responsabilidades. “El país está pidiendo (saber lo que pasó), hay que ver qué fue lo que pasó y evitar que ahora con la reconstrucción que se va a hacer del puente ocurra algo similar”, planteó. “Las cosas hay que hacerlas bien”.
Describió los hallazgos de la investigación de El Nuevo Día como “preocupantes” y condenó el hecho de que no hubiera acciones correctivas inmediatamente después que se identificaran las fallas, para corregir las deficiencias.
“Y que pueda estar en peligro o que pueda poner en algún momento en peligro la vida de los que lo transitan es para tener una gran preocupación”, subrayó.
González Quiles recordó que la entidad que preside, como colegio profesional creado por ley, tiene un Tribunal Disciplinario de Ética Profesional que evalúa la conducta ética tanto de los ingenieros como de los agrimensores que forman parte de la institución.
“De llevarse a cabo las investigaciones correspondientes, se reciben los referidos de parte de la agencia de gobierno envueltas en el asunto y nosotros evaluamos la conducta ética de esos colegiados que estuvieron presentes en dicho proyecto, pero tiene que surgir una querella en contra de esos colegiados”, indicó.
El presidente explicó que, de identificarse violaciones a los cánones de ética de la profesión, el profesional de ingeniería pudiera enfrentar desde multas y suspensión, hasta la revocación de su licencia, dependiendo de la gravedad de la violación probada. Una violación ética, por ejemplo, sería que un profesional de ingeniería identifique una deficiencia estructural en un proyecto bajo su responsabilidad y no la notifique.
González Quiles recordó que, de surgir una o varias querellas, el Colegio solo atiende violaciones éticas. Si existiera una investigación que identifique un señalamiento de carácter criminal, debería atenderse en un tribunal de justicia.
FUENTE: elnuevodia.com
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