Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE
Si operas un alquiler a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) en San Juan debes saber que tendrás que cumplir con una serie de requisitos impuestos por una ordenanza firmada a finales de mayo por el alcalde Miguel Romero pues, de lo contrario, te expondrás a multas de hasta $2,500.
El ayuntamiento es el segundo que regula este tipo de alojamientos en Puerto Rico, pues se estima que en la capital hay sobre 3,000 STR, que, en su mayoría, son casas o apartamentos.
Al firmar la ordenanza, Romero defendió que la ordenanza busca “fomentar el desarrollo económico, pero enmarcado en el orden y la sana convivencia”.
A continuación contestamos algunas de las principales interrogantes respecto a la ordenanza.
¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia?
Para obtener la licencia, el solicitante debe ser el dueño o administrador de la propiedad. Aquellas propiedades que estén sujetas a programas estatales o federales no cualificarán, al igual que las que son consideradas como vivienda pública.
Además, el operador del STR tendrá que presentar evidencia de cumplimiento con las licencias y reglamentos de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y el Departamento de Hacienda, entre otras entidades, incluyendo el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).
En caso de que sea necesario, los solicitantes deberán obtener un permiso único en la Oficina de Permisos y pagar patente municipal, así como informar el número de catastro de la propiedad y entregar una declaración jurada estableciendo el cumplimiento con la escritura matriz o reglamento del lugar donde se establecerá el alquiler.
¿Cuánto costará la licencia?
Quien posea una unidad de residencia compartida tendrá que pagar $100, mientras que las unidades de residencia no compartida y unidades muebles, como las casas rodantes, pagarán $500. El dinero no es reembolsable.
Para efectos de la ordenanza, una unidad de residencia compartida se refiere a cuando una porción de una propiedad se alquila como STR, pero con la presencia de su dueño.
Mientras, la unidad de residencia compartida es aquella que no es la casa principal de ninguna persona, se alquila a corto plazo y se administra por el propio dueño o un intermediario.
Las unidades mueble, entretanto, incluyen a las casas rodantes móviles, flotantes, botes y casetas de acampar de lujo, mejor conocidas como “glamping”, que se utilicen como STR.
¿Para qué se utilizan los recaudos?
Los recaudos producto del pago de las licencias serán destinados a los esfuerzos de fiscalización del ayuntamiento y el pago de recursos adicionales de seguridad, limpieza y recogido de basura.
¿Existen limitaciones?
Una vez concedida la licencia, el dueño no podrá permitir la celebración de eventos o actividades comerciales dentro del STR. Tampoco podrá alterarse el carácter residencial del sector ni de la propiedad.
En el caso de las unidades de residencia compartida, la propiedad no podrá tener rótulos que la identifiquen como un alquiler de este tipo, al tiempo que el número de licencia deberá aparecer en el anuncio que se publique a través de las plataformas de STR seleccionadas. Es decir, Airbnb. VRBO o Join a Join.
¿Qué pasa si no se cumple con la ordenanza?
Quienes no cumplan con la ordenanza se exponen a multas de hasta $2,500. La Policía Municipal de San Juan y la Oficina de Permisos del ayuntamiento están autorizados a realizar inspecciones e investigaciones de las propiedades.
Los STR que operen sin licencia se exponen, además, a la prohibición de obtener el permiso por un periodo de tres años.
¿Cuándo entrarán en vigor las nuevas reglas?
Considerando que la ordenanza concedió 180 días a la Oficina de Permisos del ayuntamiento para establecer el proceso de otorgamiento de licencias y que, posteriormente, habrá 180 días adicionales para que los operadores de STR se pongan al día, las nuevas normas no entrarán en vigor hasta 2024.
¿Qué sucede si la Legislatura estatal regula los STR?
Actualmente, el Proyecto de la Cámara 1557, que busca regular los STR a nivel isla, dispone que, de convertirse en ley, cualquier regulación a nivel municipal quedaría sin efecto.
No obstante, la medida ofrece una ventana de acción para los municipios, quienes podrían, incluso, limitar la cantidad de STR en ciertos sectores.
FUENTE: elnuevodia.com
Suscribite a nuestro Newsletter