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La firma Law Max PSC, de Oscar Santamaría, revisó los contratos entre la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) y el Municipio de Cataño para el mantenimiento de planteles, al mismo tiempo que el abogado tenía contratos con ambas entidades bajo corporaciones distintas.
Law Max obtuvo cuatro contratos con la OMEP para consultoría legal el pasado cuatrienio, desde el 16 de mayo de 2017 hasta el 30 de junio de 2020, firmados por Santamaría. Tres días después de iniciar esas labores, la firma revisó el primer acuerdo de servicios de mantenimiento de Cataño con la OMEP, con vigencia desde el 19 de mayo de 2017.
Dichos acuerdos detallaban los servicios de mantenimiento que Cataño ofrecería a la OMEP, que incluían la remoción y disposición de escombros y desperdicios sólidos. Para el ayuntamiento, Santamaría ofrecía servicios bajo la categoría de desperdicios sólidos a través de su empresa Waste Collection Corp, que obtuvo su primer contrato con el gobierno municipal el 1 de mayo de 2017.
Solo en Cataño, Waste Collection acumula $13,254,136 en contratos.El primer acuerdo entró en vigor el 1 de mayo de 2017, por $2,050,307, pero su vigencia se extendió hasta el 2029, mediante seis enmiendas que han elevado la cifra a $10,084,241 bajo la categoría de recogido de desperdicios y reciclaje.
El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, criticó la práctica de realizar enmiendas a contratos que extienden la vigencia y aumentan cuantías, saltándose el proceso de subastas en los municipios. En declaraciones a este medio, sostuvo que impulsará enmiendas al Código Municipal para que las contrataciones de manejo de desperdicios sólidos no puedan llevarse a cabo sin subasta.
“Si la misma ley dispone que ellos pueden hacer esto de forma arbitraria, pues claro que se presta para el esquema. Hay que atender esto con premura”, manifestó el líder cameral. “Las compañías que están haciendo este esquema adquieren el servicio por una cantidad mínima, y después modifican (los costos) arbitrariamente”, señaló.
Demanda en San Germán
Por otro lado, en agosto pasado, la empresa de recogido de desperdicios sólidos Consolidated Waste Services LLC (ConWaste) demandó al Municipio de San Germán, a su alcalde novoprogresista, Virgilio Olivera Olivera; al presidente de la Legislatura Municipal, Adalberto Villa Flores, y a Waste Collection Corp. por incumplimiento de contrato, cobro de dinero, interferencia torticera con relaciones contractuales y menoscabo de obligaciones contractuales.
El 28 de junio de este año, el Municipio de San Germán había cancelado el contrato de ConWaste, que estaría vigente hasta junio de 2023. El 1 de julio, el alcalde Olivera Olivera, quien juramentó al cargo por primera vez este año, firmó un contrato por $1,059,907 con Waste Collection y, ese mismo día, empezó a brindar el servicio.
ConWaste solicita, en su demanda, que el Tribunal de Primera Instancia declare ilegal la cancelación porque no hubo justa causa, le pague $750,000 invertidos por la compañía para el Programa Activo de Material Reciclable del ayuntamiento, más el pago de $1.3 millones adeudados por servicios prestados.
Además, ConWaste le adjudica a su competidor Waste Collection Corp. que, “para beneficiarse económicamente de un contrato con el Municipio de San Germán, interfirió torticeramente con la relación contractual entre dicho municipio y Consolidated Waste Services LLC”.
Según las alegaciones de ConWaste, desde junio de 2021, Santamaría inició acercamientos al Municipio de San Germán para ofrecer los servicios de recogido de basura. ConWaste, mediante una comunicación escrita con fecha de ese mismo mes, le pidió a Santamaría el cese y desista de esas presuntas interferencias en las relaciones contractuales del Municipio y ConWaste.
Por los daños provocados por esa alegada intervención torticera, ConWaste reclama un pago de $4.5 millones a Waste Collection Corp. y a la Legislatura Municipal de San Germán, que autorizó al alcalde a cancelar el contrato vigente.
Los que se quedan en Cataño
Luego de la renuncia del alcalde de Cataño, el ayuntamiento quedó en manos del abogado Gabriel J. Sicardó Ocasio, quien durante décadas ha laborado en distintos puestos, tanto en el Municipio como en la Legislatura Municipal de ese pueblo.
El interinato de Sicardó Ocasio fue posible porque la vicealcaldesa Honoris Machado Márquez renunció a su cargo para que este lo ocupara, y así quedara al frente del ayuntamiento por virtud del orden de sucesión municipal.
El administrador de la Ciudad, Alex Mojica Paz, era el segundo en el orden de sucesión, pero quedó fuera ante el nombramiento de Sicardó Ocasio a la vicepresidencia.
Los tres funcionarios del alcalde han sido muy cercanos colaboradores de Delgado y son también activos donantes de su campaña.
Machado Márquez, con un salario de $5,359, figura como la principal donante del comité político de Delgado. Mientras, la familia de Mojica Paz también figura entre los principales donantes.
FUENTE: elnuevodia.com
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