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Washington D.C.

Pedro Pierluisi pide al Congreso abrir la puerta a dispensas para Puerto Rico en las normas de cabotaje

El gobernador incluyó ese asunto entre la lista de asuntos claves que le ha solicitado al liderato del Congreso de Estados Unidos

Washington D.C. – El gobernador Pedro Pierluisiha pedido formalmente al liderato del Congreso que legisle para abrir la puerta a que Puerto Rico pueda recibir exenciones de las normas de cabotaje para el transporte de combustible después de desastres naturales.

La solicitud del gobernador está incluida en una carta en la que también hace reclamos para avanzar legislación de status, la transición hacia el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), acceso a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), mejorar el subsidio al crédito puertorriqueño por trabajo, más recursos federales contra el crimen y reautorizar el aumento en el reembolso por el arbitrio al ron.

“La exención (en las leyes de cabotaje) se aplicaría tanto a los barcos sin bandera de Estados Unidos subcontratados por cargadores con base en Estados Unidos como a los barcos sin bandera de Estados Unidos contratados por distribuidores de combustible”, indicó el gobernador, en la carta al líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer; al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy; el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell; y el líder de la minoría demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries.

Pierluisi sostuvo que la dispensa todavía requeriría el visto bueno del Secretario de Seguridad Interna.

Tras una nueva ley de 2022, se requiere esperar al menos 48 horas para el gobierno federal otorgar una exención temporal en las normas de cabotaje, que están incluidas en la Ley Jones de 1920. Se prohíbe a su vez otorgar una exención a barcos que ya transportan carga.

Ese nuevo lenguaje fue una respuesta a la dispensa otorgada en septiembre por el gobierno de Joe Biden al barco GH Parks- de bandera de las Islas Marshall y contratado por la empresa British Petroleum-, que trajo a la Isla 300,000 barriles de diésel en medio de la crisis ocasionada por el huracán Fiona.

El secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, ha advertido que otra ley de autorización de gastos de Defensa de 2021 eliminó la autoridad del gobierno federal para otorgar exenciones abarcadoras y de largo plazo en las normas de cabotaje, excepto cuando se requiere para “abordar un efecto adverso inmediato en las operaciones militares”. Según ese estatuto, las exenciones que no cumplan con ese estándar deben revisarse caso por caso, sostuvo el Departamento de Seguridad Interna.

En 2022, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) y el senador republicano Mike Lee (Utah), tras la experiencia con el huracán Fiona, presentaron legislación que requeriría que el Ejecutivo federal –durante un año o hasta el final de la declaración de desastre mayor, lo que ocurra primero -, otorgue dispensas de la Ley Jones de 1920 a barcos que “demuestren con razonabilidad” su intención de proporcionar ayuda por desastre a la Isla.

Pierluisi, además, solicitó a los líderes del Congreso que “continúen el importante trabajo” que se hizo en la pasada sesión de la Cámara baja federal con el proyecto de ley 8393, que propuso un plebiscito vinculante para el gobierno de Estados Unidos entre la libre asociación, la independencia y la estadidad.

La medida fue aprobada en la Cámara baja federal -233 a 191, con solo 16 votos republicanos-, una semana antes de que terminara la sesión 118 del Congreso.

Pierluisi había indicado a El Nuevo Día que intentará entusiasmar primero al Senado, dominado 51 a 49 por los demócratas, ante el hecho de que los republicanos – que abrumadoramente rechazaron el 8393-, controlan ahora la Cámara baja federal.

Con respecto al crédito puertorriqueño por trabajo, el gobernador Pierluisi insistió en que el subsidio federal aumente de $600 a $787 millones.

Como también reclamara a finales de 2022 en otra carta a los líderes del Congreso, Pierluisi afirmó que el costo del programa ha subido a $1,050 millones, por lo que el subsidio que originalmente se legisló en 2021 para que alcanzara el 75% del costo del programa debe aumentar de $600 millones a $787 millones.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien es parte de la mayoría republicana cameral, ha vuelto a presentar legislación para regular una transición de cinco años del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP y otra para integrar a los residentes de Puerto Rico al SSI.

FUENTE: elnuevodia.com

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