Policías estatales comienzan a patrullar con cámaras corporales

Por su parte, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, indicó que era necesario por múltiples razones.

Recordó que “el sargento Erasmo García Torres, en una intervención vehicular, él tenía una cámara de su propiedad y logró grabar toda la intervención donde lamentablemente perdió su vida, fue asesinado. Eso es parte de la evidencia en el caso que se lleva contra el acusado por el asesinato. Nos ayudó a esclarecer el caso”.

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Recientemente el tema de las cámaras corporales cobró atención pública por la muerte de un menor de edad que fue baleado por policías en Río Piedras, donde conducía un auto robado. Al no existir cámaras de seguridad, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) tendrá que depender de una pesquisa forense de la evidencia recopilada en la escena.

Torres dijo que el proceso se dilató desde el 2018 por los trámites requeridos para la asignación de los fondos federales que se usaron para comprar el equipo.

En términos generales, López Figueroa considera que “este tipo de artefacto que se usa es para que el policía asuma una conducta que el pueblo espera y, a su vez, el ciudadano asuma una conducta responsable ante la intervención de la Policía de Puerto Rico”.

Tras la entrega de certificaciones, algunos de los oficiales realizaron una demostración de ejemplos de intervenciones de tránsito en la Academia de la Policía.

Una de ellas fue con una patrulla deteniendo un vehículo -conducido por una oficial actuando como civil- porque la conductora estaba hablando por celular.

El oficial activó la cámara desde que decidió detener el auto mientras todavía estaba en la patrulla, según muestran las imágenes capturadas por este medio.

El vídeo muestra al oficial bajarse de la patrulla y llegar al auto de la intervenida. Tras identificarse y decirle por qué la detuvo, acto seguido le informa a la conductora que está siendo grabada.

La segunda intervención fue igual, pero el ejemplo incluía a una conductora que le informó al oficial que hablaba con su madre porque acababa de ser agredida por su esposo.

Ese ejemplo sirvió para ilustrar uno de los casos en que la grabación se detiene, por tratarse de una víctima de violencia de género.

“No solamente lo que diga la persona va a hacer que se detenga la grabación. Va a depender de varias cosas, incluyendo que sea un testigo o una posible víctima”, explicó Martínez. “El agente tiene facultad para encender la cámara una vez haya encontrado el motivo fundado o haya sido llamado al lugar de la intervención para atender alguna evidencia”.

Por su parte la sargento Arlene Colón Peña, quien también es instructora de las cámaras corporales, indicó que el reglamento dispone que tampoco se van a grabar entrevistas a menores de edad o confidentes.

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No obstante, enfatizó de que, en primera instancia, todos los oficiales tienen que tener encendida la cámara desde que comienzan su turno y tienen que grabar cualquier intervención, ya sea porque observó alguna posible comisión de delito o porque son llamados a atender una querella.

“Tiene que ponerla a grabar” en esas circunstancias, según dispone el reglamento, dijo Colón Peña.

En caso de que no lo haga, tendrá que ofrecer explicaciones a sus supervisores.

“Si no es por desperfecto, hay que ver la totalidad de las circunstancias. Pero existe ya un mecanismo que establece el reglamento a seguir porque entonces incumpliría con el reglamento y se investigaría a nivel administrativo”, abundó.

La semana pasada, López Figueroa indicó a los medios en el Cuartel General que esos vídeos ayudarán a ofrecer claridad sobre situaciones que han trascendido públicamente por vídeos publicados en las redes sociales.

“Ustedes los medios han publicado muchas grabaciones que se hacen a policías, donde usan palabras soeces, mancillan la reputación del policía y la reputación queda afectada, pero solo usan una porción de la grabación. Con la ‘bodycams’ se muestra el escenario completo, sin editar”, dijo en ese momento López Figueroa.

El comisionado de la Policía también dijo que “no debe haber ningún tipo de problema” si algún ciudadano necesita acceso al vídeo de la intervención de la que fue objeto o de divulgarla a los medios de comunicación si existe un interés público.

“No tengo problema con eso porque si no hay nada que esconder, no hay por qué no dar la oportunidad para que usted vea el vídeo”, dijo López Figueroa.

El reglamento dispone que ese acceso necesitará de una orden del tribunal, como un subpoena.

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Usualmente en Estados Unidos han sido los familiares de ciudadanos intervenidos los que envían los vídeos a los medios de comunicación, luego de obtenerlo mediante orden del tribunal como parte interesada en el caso.

El jefe policiaco aseguró que, de no ser parte de una evidencia para una investigación, el reglamento dispone que el vídeo será destruido luego de levantar un “acta que lo documente”.

“Ya tenemos un protocolo establecido en las manifestaciones, donde hay un sistema que se elimina esa data, se destruye ante una bitácora si no se va a usar para ningún tipo de evidencia. Ese mismo proceso se aplicará entonces a las cámaras corporales”, sostuvo López Figueroa.

“Se va a usar el material que se considere evidencia. No obstante, con el otro material se va a levantar el acta para destruirlo”, añadió.

Preguntado sobre este tema que preocupa a organizaciones de derechos civiles, Torres dijo que “aquí no hay ningún carpeteo. Todo lo contrario, aquí le estamos dando transparencia a los procesos al ciudadano y al compañero para que pueda hacer su función. Al final del día, cada una de las grabaciones van a servir para evidencia en cualquier procedimiento legal”.

Según Martínez, los oficiales que usan las cámaras no tienen forma de quedarse personalmente con los vídeos cuando los graben, sino que la cámara los transfiere directo “a la nube” y que ella es la única que tiene acceso para controlarlo de acuerdo con el reglamento.

“El control de esa evidencia la tengo yo como coordinadora y solo sale de ahí mediante orden del tribunal mediante documentos correspondientes o por investigación administrativa”, afirmó.

FUENTE: elnuevodia.com