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El gobierno tiene al menos tres escenarios para considerar si es que decide finalmente prescindir de los servicios de LUMA Energy como el ente operador del sistema de transmisión y distribución de energía. Uno de esos procesos podría costar más de $500 millones, pero para quienes solicitan que ya no sea LUMA el operador, el cambio podría resultar en una ganancia para el País.
Uno de los escenarios es acudir a un tribunal y declarar nulo el contrato de $1,500 millones a 15 años que se firmó entre la Autoridad para las Alianzas Púbico Privadas (AAPP), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el consorcio de LUMA. Ese proceso podría conllevar años de litigio, más los costos asociados al proceso judicial en un asunto altamente técnico y complejo.
Rolando Emanuelli, representante legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (Utier) y del Sistema de Retiro de Empleados de la AEE (SRE-AEE) dijo que el contrato es leonino -o que solo favorece a una de las partes- y no tiene duda de que se declararía como tal bajo una evaluación judicial.
Sin embargo, reconoció que podría resultar una solución muy lenta y que mientras no se resuelva, el País seguiría bajo un operador incapaz de manejar de forma efectiva el sistema.
La semana pasada el gobernador Pedro Pierluisi mencionó -por primera vez en un año y dos meses desde que LUMA inició operaciones formalmente- que está insatisfecho con el desempeño del consorcio y advirtió que debían hacer cambios en su plan de ejecución. Mientras, la comisionada residente en Washington DC, Jenniffer González, pidió directamente la cancelación.
Bajo este segundo escenario la Junta de Control Fiscal (JCF) puede intervenir y argumentar que debido a que la AEE se tuvo que acoger a la quiebra, y ante las políticas que ha asumido desde que comenzó a regir las finanzas de Puerto Rico, podría impedir un esfuerzo en esa dirección, explicó Emmanuelli.
Esta posibilidad conllevaría también un pago de sanciones por concluir el contrato unilateralmente. Todos los contratos tienen este tipo de estipulación y se conocen como las cláusulas resolutorias. Las cláusulas en el contrato de LUMA establecen que en caso de una cancelación el consorcio recibiría $115 millones.
Fermín Fontanés, director ejecutivo de la AAPP, indicó que además se incluirían los costos relacionados a una transición en lo que se lleva a cabo un nuevo proceso de licitación.
Según Fontanés, la transición más el proceso de escoger un nuevo ente operador, podrían costarle al gobierno alrededor de $400 millones.
“Esto, siendo conscientes de que cualquier nuevo operador privado que entre podría ser más costoso dado a los riesgos asociados a la quiebra, la fragilidad del sistema y las condiciones actuales”, alertó.
Tampoco se podría simplemente elegir al licitador que llegó en segundo lugar cuando se privatizó la operación y manejo del sistema, porque según expuso, ya han pasado dos años y desde entonces los costos han cambiado.
“El costo de todas esas cosas hay que evaluarlo. ¿Cuál es el costo de parar la transformación? Hay muchas frustraciones y comentarios pero esto no son decisiones que se pueden tomar a la ligera… son muchos elementos que hay que mirar… y lo que significan para el futuro de Puerto Rico, no solo del sistema eléctrico sino la reestructuración, la inversión, el interés en Puerto Rico como un mercado serio, ese tipo de consecuencia, cada vez que se pide cancelar el contrato en el vacío, sin fundamento, aumenta el costo de inversión, aumenta el costo de traer otro operador en el futuro y pones en riesgo la credibilidad” de Puerto Rico, aseguró.
El director de la AAPP puntualizó que un apagón masivo no necesariamente implica incumplimiento del contrato. En el caso de los cuatro apagones grandes, más dejar el Hospital Universitario por más de 16 horas con bajo voltaje, incidentes registrados en apenas dos semanas, sostuvo que hay que investigar las razones antes de concluir que LUMA incumple.
Y aunque reconoció que hay métricas que no ha logrado alcanzar, como la de reducir la extensión de los apagones, dijo que hay otras como la cantidad de interrupciones y las mejoras en el servicio al cliente, entre otras, que sí han experimentado una mejoría.
“Esas métricas no se pueden mirar separadas unas de las otras… poco a poco eso va mejorando con el tiempo y …nosotros vamos a seguir exigiendo”, declaró.
Fontanés también reconoció que le gustaría ver los resultados de las investigaciones sobre apagones mucho más rápido, pero señaló no tener el peritaje para saber si lo que han tardado hasta ahora es razonable.
La auditoría de la AAPP a LUMA sobre el año de transición, podría estar lista en unos meses, mientras que la auditoría del primer año de operación formal tardará más.
Último escenario
El tercer escenario que está en que el contrato suplementario, que es el que está vigente y se puso en vigor en lo que se aprobaba la reestructuración de la deuda de la AEE, es por 18 meses. En la sección 7.1 del documento se establece que si al 30 de noviembre de este año la deuda no se ha reestructurado, el contrato expira.
Tomás Torres Placa, representante del interés público ante la Junta de Gobierno de la AEE, entiende que para esa fecha no habrá acuerdo y es el mejor momento para que el gobierno busque un cambio de gerencia, una mayor flexibilidad para la contratación de aquellos empleados que trabajaban en la AEE y fueron trasladados a otras agencias de gobierno y que la supervisión del contrato recaiga sobre la AEE que tiene el conocimiento pericial para detectar si hay un buen manejo de la red de transmisión y distribución.
Emanuellli coincidió con que esa es la “oportunidad estratégica” más viable para la salida de LUMA.
“Y no se cae el mundo. Ellos cumplen con transición y habría tiempo para establecer un nuevo modelo para la administración de la Autoridad. La ventaja de esta opción es que no hace falta pedirle permiso a la junta”, indicó Emanuelli, al tiempo en que enfatizó que este escenario implique regresar a lo que había antes de la entrada de LUMA, sino que se busca un modelo mucho más democrático y menos politizado.
A esos fines informó que ya hay más de 60 organizaciones trabajando en propuestas y proyectos de ley que serían necesarios para que se pueda enmarcar legalmente una nueva manera de administrar tanto los activos de la AEE como los sistemas generación, transmisión y distribución de energía.
Fontanés informó que actualmente “no hay ningún tipo de negociación” para buscar un nuevo operador o extender el contrato suplementario en caso de que al 30 de noviembre no se haya reestructurado la deuda de la AEE
“Hay un montón de consecuencias si el plan de reestructuración no se aprueba. Yo no voy a entrar en esas especulaciones, pero si no se aprueba para esa fecha hay que ver entonces qué vamos a hacer en ese momento”, indicó.
Fontanés recordó que todo cambio que se haga sobre los temas energéticos debe pasar por la aprobación del Negociado de Energía.
FUENTE: elvocero.com
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