Puerto Rico 05 marzo 2018

Presentan resolución para investigar alegado fraude de empleados en DE

María Milagros Charbonier indicó que dirigirá la investigación "hasta las últimas consecuencias"

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, sometió la resolución 808 para realizar una investigación en torno al manejo y procesamiento de las asistencias y el pago de las nóminas de los empleados del Departamento de Educación.

Esto, luego de que el Departamento de Hacienda realizara una auditoría en 44 escuelas públicas de San Juan y Ponce y reveló que 110 personas que se encontraban en licencias o terminaron su empleo en la agencia, continuaban recibiendo sus salarios ilegalmente.

La legisladora añadió que además de los pagos ilegales que encontró el Departamento de Hacienda también se detectó que 162 empleados que se encontraban trabajando en los planteles no aparecían en los expedientes del Departamento de Educación.

La exposición de motivos de la resolución de investigación explica que el hallazgo es parte de evaluaciones que realiza actualmente Hacienda en conjunto con la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, para corregir y eliminar prácticas ilegales en la agencia pública y que por años le han costado mucho dinero al erario público.

Charbonier indicó que dirigirá la investigación “hasta las últimas consecuencias” y referirá al Departamento de Justicia cualquier hallazgo de carácter criminal.

“Que la auditoría haya encontrado fallas o faltas no quiere decir que no exista evidencia contundente para sostener un caso criminal. Investigaremos y, de encontrar que personas conspiraron intencionalmente para defraudar al Departamento de Educación y robarse el dinero dirigido a los niños de nuestras escuelas, los referiremos al Departamento de Justicia”, apuntó.

La legisladora señaló que las personas involucradas y señaladas en esta investigación del Departamento de Hacienda podrían enfrentarse a varias violaciones del Código Penal de Puerto Rico, como malversación de fondos públicos, falsificaciones falsas otorgadas por un funcionario público, incumplimiento del deber por parte de un funcionario público y que ocasione pérdida de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber de un funcionario público.

“Queremos que se identifique y procese a las personas responsables de cometer actos contrarios al uso adecuado de los fondos y la propiedad pública, pero también es nuestro objetivo lograr el desarrollo y mantenimiento de un programa de auditoría interna que asegure la calidad de los servicios y el cumplimiento de todas las normas y leyes que rigen en todas las entidades gubernamentales”, concluyó.

Fuente: elvocero.com

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