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Ante lo que describen como falta de claridad en las finanzas del gobierno y en las proyecciones de recaudos, economistas y analistas no avistan un futuro de mejoría económica que permita cumplir con todos los acuerdos de reestructuración de deuda del País, retomar los pagos de las otras obligaciones y evitar acercarse nuevamente a un colapso fiscal.
De acuerdo con la Junta Federal de Control Fiscal, el reajuste de la deuda gubernamental ascendente a más de $70,000 millones bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) podría estar listo para finales de este año.
A esos pagos que saldrán principalmente del Fondo General, de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y de las tarifas por los servicios de utilidades, hay que sumar el resto de las obligaciones del gobierno, más allá de las transacciones con los bonistas. El gobierno tiene otros pagos pendientes que han estado paralizados desde que invocó la quiebra al amparo de Promesa.
Christian Sobrino Vega, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), dijo que en efecto, al completar la reestructuración de toda la deuda, también deberán retomar los pagos del resto de las obligaciones, y para ello vislumbran utilizar parte del dinero ahorrado en el proceso de quiebra.
“La falta de transparencia ha ocasionado que el gobierno tome decisiones fundamentales con información vaga que podría inducir las proyecciones a error y no sostenerse una vez culmine el Título III. Yo veo bien difícil que el gobierno pueda cumplir con los acuerdos y obligaciones. Hay que pagar y se están exponiendo los peores métodos. Luce paralizante, inexplicable”, sostuvo el experto.
Ante esto, el economista José Caraballo Cueto, profesor en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, no descarta que el gobierno tenga que acogerse a una segunda ronda de reestructuración de deuda en los próximos cinco a diez años, producto del impago de “los generosos acuerdos a los que está llegando con los bonistas”.
“El temor de nosotros los economistas es que los acuerdos con los bonistas van a alargar los procesos aún más, porque a la larga van a costarle más al País. Es posible una segunda ronda de reestructuración. Los números están inflados y nos van a llevar a otra bancarrota, a la misma crisis. Esto va a impactar al ciudadano de a pie, como también al sector financiero y productivo”, indicó Caraballo Cueto.
Empero, contrario a lo estipulado por ambos economistas, Sobrino Vega señaló que la economía no está contraída y que el gobierno experimenta un aumento significativo en recaudos.
El funcionario aseguró que todos los acuerdos alcanzados con los bonistas son confiables, por lo que descarta la posibilidad de que la Isla tenga que acogerse nuevamente a un proceso de quiebra.
Pese a que en efecto los ingresos gubernamentales han aumentado, potenciados principalmente por el crecimiento de los recaudos del IVU, estos han comenzado a mostrar cambios. Representantes del sector de ventas han reiterado que el alza se sostuvo con la inyección de fondos de recuperación y el pago de las reclamaciones, pero que —a casi dos años del huracán María— la actividad económica ha comenzado a disiparse en sus establecimientos.
Además, datos del Censo federal sobre la población de Puerto Rico reflejan una merma poblacional de 3.9% entre julio de 2017 y julio de 2018. La población pasó de 3,325,001 habitantes a 3,195,153, lo que se traduce en una pérdida de 129,848 personas. Esto alarma a los economistas porque incide negativamente sobre todos los recaudos del gobierno, tanto en el IVU como en los del Departamento de Hacienda.
“La economía no sigue contraída. Los acuerdos de reestructuración de deuda sí aportan a proveer confianza a los mercados externos y demostrar que estamos tomando los pasos necesarios para contar con una sana gobernanza financiera”, alegó Sobrino Vega, quien recalcó que han logrado reestructurar el 45% de la deuda.
Por su parte John Mudd, abogado experto en quiebras, considera que —contrario a lo que asegura la junta fiscal— el plan de ajuste de la deuda podría tardar más. Indicó que todos los elementos discutidos podrían repercutir negativamente sobre el plan, atrasar el retorno de la Isla a los mercados de capital y llevar al gobierno a otra quiebra.
“El gobierno de Puerto Rico ha estado sin pagar la deuda desde 2016 y cuando empiece a pagar tiene que comenzar a hacer ajustes. Ahí es donde van a comenzar de nuevo los problemas. Otra quiebra es posible porque (la ley) Promesa no dice en ninguna parte que si sales de la quiebra no puedes reestructurar de nuevo en algunos años”, puntualizó Mudd.
FUENTE: elvocero.com
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