Puerto Rico 22 mayo 2017

Quiebra para los Sistemas de Retiro

Con este anuncio, el gobernador Rosselló busca el ajuste de deuda de Retiro, que encara un déficit actuarial de casi $50,000 millones

Tal y como lo advirtió hace algunas semanas la agencia Moody´s Investor Service, finalmente el golpe de una quiebra para los sistemas de Retiro se concreta, ahora con la solicitud del gobernador Ricardo Rosselló y su petición a la Junta Federal de Control Fiscal para reclamar el amparo del Título III.

Con este anuncio, el gobernador Rosselló busca el ajuste de deuda de Retiro, que encara un déficit actuarial de casi $50,000 millones.

“En el día de hoy le solicité a la Junta de Supervisión Fiscal la protección del Título III de PROMESA para el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno Central y para la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de Puerto Rico”, anunció cerca de la medianoche el gobernador, en comunicación escrita.

Los analistas de Moody´s habían señalado hacia la primera semana de mayo que “una de las razones por las que la junta (fiscal) citó para iniciar el procedimiento del Título III es la necesidad de reestructurar $49,000 millones de pasivos en pensiones (en un procedimiento judicial), porque el Congreso no autorizó reestructuraciones de pensiones en las disposiciones del Título VI de Promesa para la reestructuración extrajudicial de deuda”.

Antes de diciembre se espera que el sistema de pensiones de los empleados públicos se quede sin fondos para cubrir sus obligaciones, por lo cual era cuestión de tiempo la petición del gobierno.

“Ante la situación precaria de nuestros sistemas de retiro de los empleados públicos del Gobierno Central, su eventual insolvencia en los próximos meses y no poder llegar a un acuerdo consensual con los acreedores del Sistema de Retiro, no me queda otra opción para proteger a nuestros retirados que solicitar la protección del Título III de PROMESA para el Sistema de Retiro de los empleados del Gobierno de Puerto Rico. Con esta acción aseguramos la protección debida a uno de los sectores más vulnerables y les garantizamos que a pesar de la insolvencia del fondo de retiro esta administración responderá por los errores de pasadas administraciones”, expresó Rosselló.

Agregó que los jubilados continuarán con el recibo de sus pensiones “mientras se trabaja una transformación del sistema”.

Rosselló prometió que “los pagos saldrán con cargo al Fondo General en su totalidad una vez agotado los activos líquidos que quedan, por lo que no quedarán desprovistos de su pensión”.

Lo que no está claro es cómo se podrá proceder, ya que evidentemente el Fondo General, aun con la mejoría en recaudos que ha registrado los últimos meses, no ingresa lo suficiente. Esto deberá suponer que a la vista estarán recortes significativos en otras áreas, que permitan entonces destinar el dinero al pago de los jubilados.

Moody´s ya había dicho que entre todo el panorama complejo que enfrenta Puerto Rico, el tema del Sistema de Retiro de Empleados Públicos y sus tres sistemas diferentes, es lo más determinante. Frente a la jueza de quiebras para Puerto Rico, Laura Taylor Swain, estarán los reclamos de bonistas de las obligaciones generales y de Cofina, cuando los recursos disponibles con toda probabilidad se destinen para las pensiones.

Al respecto, Moody´s había indicado que esos acreedores “enfatizarán las fortalezas legales relativas de sus bonos, en un intento de mejorar las tasas de recuperación”.

Otro cantar en Carreteras

El otro pedido de quiebra fue para Carreteras, como ya se había informado hacia finales de la pasada semana.

En su comunicado, Rosselló informó que en el caso de la ACT los acreedores de dicha entidad han rechazado categóricamente el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico el cuál sirve de base para toda negociación consensual y recientemente han incoado acciones legales que podrían atentar contra la estabilidad de la corporación pública en la ejecución de sus funciones.

“El proceso de Título III para Retiro y ACT brindará un proceso justo y ordenado para reestructurar las obligaciones de ambas entidades. Este proceso se llevará de tal manera que no se afecten los servicios críticos que brindan a nuestro pueblo. Todos los servicios que brinda la ACT continuarán como de costumbre sin ninguna interrupción”, se indicó.

Fuente: elvocero.com

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