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Ante la falta de un lineamiento claro para poner fin a la Ley 154 de 2010, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, reveló que esta semana radicará un proyecto de ley, a petición de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), que permitiría que cada empresa sujeta al arbitrio del 4% pueda negocia lo que pagará en impuestos al Departamento de Hacienda.
Justo cuando el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, en inglés) ha puesto su lupa sobre los contribuyentes corporativos e individuales que hacen negocios en la isla y ha establecido que, a partir del año contributivo 2023, no reconocerá como crédito el arbitrio de 4% que las corporaciones foráneas controladas (CFC, en inglés) pagan al fisco puertorriqueño, Hernández indicó que la medida serviría para proveer una transición entre la Ley 154 –que creó el arbitrio- y lo que finalmente decida Puerto Rico.
Según Hernández, la medida permitiría que “dependiendo del modelo” de negocios que tiene cada manufacturera, esta negocie un nuevo acuerdo o decreto contributivo que permita a Hacienda continuar recaudando lo que recibe a través del arbitrio del 4%, pero a través de la contribución sobre ingresos o el impuesto sobre regalías.
De acuerdo con Hernández la medida fue redactada por el sector industrial y una vez comience el trámite legislativo, la Cámara de Representantes buscará armonizar el proyecto con la propuesta que radique el Ejecutivo si fuera el caso.
En lo que atañe al impuesto al inventario, Hernández indicó que para todos los bienes tangibles se propone replicar el proyecto que ya se aprobó para cambiar el arbitrio a los vehículos de motor. En este caso, el proyecto aprobado en la Cámara baja establece que en lugar de que el concesionario remita el impuesto a lo largo del año, ahora, el impuesto es pagadero cuando en efecto, la unidad sea vendida.
“La única diferencia es que en medicamentos y en alimentos, (la tasa) será 0.5% y viene con una congelación por un período de un año en lo que se hace la transición”, dijo Hernández al agregar que “estamos bajando la tasa, pero estamos ampliando la base”.
El líder cameral habló de los temas económicos que se discutirán en las próximas semanas en la Casa de las Leyes durante un evento en Plaza Popular -la plazoleta del Distrito T-Mobile-, donde junto a otros legisladores y en presencia de ejecutivos del sector privado, aseguró que urge acelerar los procesos de subasta relacionados a los fondos de reconstrucción, procurar que los procesos de contratación se estructuren para fomentar que más empresas locales participen de tales proyectos y establecer guías para los profesionales autorizados a expedir permisos y conseguir que estos se expidan en 48 horas.
Según Hernández, la celebración del evento en el que participaron poco más de 125 personas y parecía un preludio al anuncio de una aspiración política, no tuvo costos mayores. Dijo que el alquiler de la plaza rondó unos $4,000, mientras este diario atestiguó que las sillas fueron acomodadas por personal de la Cámara de Representantes.
Darán a inversionistas locales, los beneficios de la Ley 22
De otra parte, mientras diversos sectores claman por el fin de los incentivos que se otorgan a estadounidenses que se relocalizan en Puerto Rico para no pagar impuestos federales, Hernández dijo que radicará legislación para ampliar tales beneficios a inversionistas locales.
“Se acabó la competencia desleal”, agregó Hernández al señalar que próximamente, también radicará legislación para extender los beneficios contributivos que ahora reciben los inversionistas extranjeros a través de la Ley 22 de 2012 -incorporada en el Código de Incentivos- a inversionistas locales. “Todos somos Ley 22″, dijo Hernández.
Según Hernández, permitir que los inversionistas locales tributen ganancias de capital a razón de 5% o no paguen contribución sobre ingresos costaría al fisco unos $50 millones.
Hernández buscaría enmendar la Ley 22 de 2012 -incorporada en el Código de Incentivos- así como el impuesto al inventario y el régimen del 4% a las foráneas justo cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha advertido que el gobierno no debe continuar adoptando medidas que laceren el fisco y ha rechazado el presupuesto recomendado por el Ejecutivo por entender que este excede en unos $100 millones, las proyecciones de recaudos para el próximo año fiscal.
FUENTE: elnuevodia.com
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