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Puerto Rico

Reaccionan a demanda del gobierno contra la Junta Federal

El gobernador indicó que firmó el proyecto que aprobó la Asamblea Legislativa a la vez que requirió al tribunal clarificación sobre cuál presupuesto se debe implementar en ley.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, avaló en la mañana de hoy la decisión del gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez, de someter un recurso legal ante el Tribunal Federal para detener la imposición del presupuesto de gastos confeccionado por la Junta Federal de Control Fiscal.

“Partimos del principio básico de que en toda democracia quien rige los destinos del pueblo son los oficiales electos, funcionarios públicos del pueblo, trabajando para el pueblo. Las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal, particularmente, la de imponer un presupuesto operacional al gobierno, en donde establece ciertas reducciones en diferentes partidas de gastos y elimina otras totalmente, como la del Bono de Navidad a los empleados públicos, no es otra cosa que la imposición de política pública a través del control de la cartera de gastos. Eso únicamente lo pueden hacer los funcionarios que nuestro pueblo seleccionó, libre y democráticamente, en las urnas”.

Rosselló añadió que solicitó, además, una sentencia declaratoria y un interdicto sobre los intentos moción de sentencia declaratoria ante la jueza federal del tribunal de quiebra, Laura Taylor Swain.

“El proceso de reafirmar el sistema democrático de gobierno que tenemos en Puerto Rico, donde los votos cuentan y la voz del pueblo se respeta, se traslada ahora al Tribunal Federal. Esta Cámara de Representantes esta lista para asistir en todo lo que podamos para reiterar la posición que hemos esbozado desde el primer día que asumimos la Presidencia del cuerpo, la junta está para ayudar, no para gobernar, ese es el trabajo en quienes los hombres y mujeres, ciudadanos americanos en Puerto Rico, depositaron su confianza”.

Mientras, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, dijo que apoya “sin reservas” la decisión del gobernador.

“El reclamo y la diferencia abismal que realmente existe, es que la Junta no tiene poderes para implantar política pública que requiera legislación”, sustentó Ramos.

FUENTE: elvocero.com

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