Las legisladoras de Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz y Joanne Rodríguez Veve, presentaron ante los Departamentos de Justicia y de la Familia referidos para investigar a cuatro clínicas de aborto por posibles violaciones a la Ley 246-2011 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.
Las agencias deben investigar si alguna de las 118 menores de 15 años que se sometieron a terminaciones de embarazo, en los últimos cinco años, fue víctima de agresión sexual y las clínicas de aborto incumplieron con el deber de referir los casos a las autoridades correspondientes, en violación a la Ley 246-2011.
Así lo explicaron Rodríguez Veve y Burgos Muñiz en una conferencia de prensa en el Capitolio, donde detallaron que los referidos presentados son contra las siguientes cuatro clínicas: Iella - Profamilias Puerto Rico, Darlington Medical Associates, Women's Medical Pavilion y la Clínica de Planificación Familiar.
Rodríguez Veve, portavoz del PD en el Senado, precisó que 118 menores de 15 años "se sometieron a terminaciones de embarazo en las clínicas privadas de aborto de Puerto Rico en los últimos cinco años. De su faz, el estado de embarazo de estas menores constituye, en lo menos, sospecha de agresión sexual".
En cuanto a la clínica Darlington Medical Associates, la senadora explicó que en los pasados cinco años realizó ocho abortos de menores de 15 años y que la entidad indicó que no refiere casos de violación o sospecha de esta a la Familia, sino que lo hace a través del Hospital Universitario.
Planteó que, en el caso de la clínica Women's Medical Pavilion, se realizaron 17 abortos en menores de 15 años y que no refirió caso alguno a Familia o la Policía. Añadió que lo mismo ocurrió con la Clínica de Planificación Familiar, que hizo 82 abortos en menores de 15 años o menos en los últimos cinco años.
"Ninguna de las clínicas llevó a cabo custodias de emergencia conforme lo dispone la Ley 246 y, vuelvo a señalar, estoy compartiendo los datos de forma puntual los datos de los casos de menores de 15 años, pero los números de las terminaciones de embarazo son más si contamos a menores de 18 años", dijo.
Rodríguez Veve señaló que el Departamento de la Familia testificó durante la vista pública del 9 de mayo, que entre los años 2018 y 2022, no recibió referido alguno de las clínicas de aborto en Puerto Rico por casos de violación, o de sospecha de esta, en menores de edad que han ido a abortar.
Pero, la administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan) Glenda Gerena, dijo ese día que estaba hablando de los referidos donde los informantes se han identificado, pero que, como la agencia también recibe referidos anónimos, no podía catalogar si alguno de esos provino de una clínica.
De otro lado, Rodríguez Veve señaló que, al momento, la comisión que preside no ha recibido una queja de alguna mujer o algún padre notificando que le han practicado el aborto a su hija y que la clínica no ha hecho el referido correspondiente para que se investigue la sospecha de agresión sexual.
Además, la senadora no descartó acudir a los tribunales para que las clínicas de aborto tengan que comparecer a las vistas públicas del Proyecto del Senado 495, que propone requerir la autorización de al menos uno de los padres o del custodio legal de una menor de 18 años que decida realizarse un aborto.
Rechazó, de igual manera, que incurra en trato hostil durante la celebración de vistas públicas, como han denunciado públicamente portavoces de las clínicas de aborto. "Sencillamente, esos son excusas y justificaciones para justificar lo injustificable y no darle cara al pueblo de Puerto Rico", subrayó.
“Hemos reiterado que el mero hecho de que una mujer vaya a abortar no es una garantía de protección. Una mujer va a una clínica de aborto, se hace una terminación de embarazo y eso no garantiza que no vuelve a ser víctima de agresor sexual. Por lo tanto, algo hay que hacer", mencionó.
A tono con lo anterior, Burgos Muñiz, portavoz del PD en la Cámara de Representantes, explicó que el Código Penal, en su Artículo 130, dispone de manera general los elementos del delito de agresión sexual, que incluyen la relación sexual con una menor que no haya cumplido los 16 años.
Dijo que este delito prescribe a los 20 años, pero cuando la víctima es menor de 18 años, y el acusado mayor de 18 años al momento de los hechos, el delito no prescribe. Precisó que la Ley 246 define Abuso Sexual como cualquier acto que, de procesarse por la vía criminal, configuraría agresión sexual.
"De los hechos referidos, surge evidencia indisputable de que en los últimos cinco años las clínicas de aborto en Puerto Rico han llevado a cabo procedimientos de terminación de embarazo en 118 menores de 15 años, casos en los que a la luz de nuestro ordenamiento existe al menos una sospecha de violación", dijo.
FUENTE: elvocero.com