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Aun con los reparos que tiene la Junta de Control Fiscal sobre los cambios realizados a la medida que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), la Asamblea Legislativa buscará aprobar hoy la legislación que contiene las nuevas disposiciones para la emisión de bonos de obligación general, mientras se efectuará en las afueras del Capitolio una nueva jornada de manifestaciones.
El Proyecto de la Cámara 1003 —que crea la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico— bajaría a votación con un nuevo lenguaje que surge del acuerdo alcanzado durante el fin de semana entre las delegaciones mayoritarias del Senado y la Cámara de Representantes, junto al designado secretario de Estado, Omar Marrero, en representación del gobernador Pedro Pierluisi.
“Lo vamos a pelear como gobierno, todos con un solo mensaje y va a ser bien difícil para la Junta echarse para atrás”, expresó Hernández, quien dijo estar consciente de que la junta fiscal no estará de acuerdo con el nuevo lenguaje, por lo que intentaría resolverlo en el tribunal.
El presidente cameral defendió que estas enmiendas no impactan fiscalmente el PAD y que es algo que se debe recalcar, pues está seguro de que será objeto de discusión durante el proceso de mediación que ha ordenado la jueza federal.
Para que la medida se apruebe en la Cámara se necesitan al menos 26 votos, mientras que en el Senado se necesitan 14. Hoy, tanto la Cámara como el Senado encaminarán unos asuntos procesales a fin de retirar la medida y que se pueda someter un segundo informe de comité de conferencias —tras el acuerdo entre los cuerpos legislativos— con las enmiendas anunciadas.
“La expectativa y el compromiso es aprobarlo en ambos cuerpos. Ya nosotros tenemos listo hasta el enrolado. La expectativa es que, si esto es temprano, sale mañana (hoy) mismo el escrito hacia La Fortaleza para que el gobernador lo firme”, subrayó Hernández.
Cambio sustancial
En síntesis, la medida sufrió varios cambios, pero el más sustancial se ubica en el Artículo 104 sobre la protección de las pensiones de los retirados del gobierno.
“Para propósitos de claridad, quedará inmediatamente sin vigencia esta ley y cualquier transacción, emisión o gestión relacionada con la misma será nula si se ordena y se procede con algún recorte a las pensiones de los empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste o Reestructuración. La vigencia de esta ley queda condicionada a cero recortes en las pensiones”, se menciona.
Se ha ido ajustando el lenguaje
Mientras, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, precisó que, aunque había dudas con el lenguaje incluido en las pasadas versiones de la medida, se han hecho modificaciones para conseguir los votos necesarios en la cámara alta.
“Si hay cosas que mejorar, pues las trabajamos. Yo no he cerrado puertas, si hubiese cerrado puertas hubiese presentado la medida y la derrotábamos. Yo la dejé viva buscando esos espacios de convergencia”, mencionó Dalmau Santiago, quien confía en que se pueda convencer a la junta sobre los cambios.
Buscan aclarar dudas los alcaldes
De otro lado, varios alcaldes populares llegaron ayer hasta el Capitolio para reunirse con los presidentes legislativos a fin de aclarar dudas sobre el lenguaje referente a los municipios que quedó establecido en la medida, la cual busca allegar nuevos fondos para los ayuntamientos.
“Los municipios hemos estado recibiendo impactos fuertes desde el plan fiscal hasta el presente. Eran $350 millones en el fondo de equiparación y ya va por $88 (millones) solamente”, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz.
Afirmó que si no se hace algo contundente, se agravará la crisis en los municipios, se afectarán los servicios esenciales y algunos ayuntamientos se verán obligados a cerrar.
Reaccionan legisladores
Por su parte, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, destacó que el norte de la delegación siempre ha sido la defensa de las pensiones, tanto las presentes como futuras, así como una reestructuración de la deuda responsable.
“La vista de hoy (ayer) dejó claro que la Junta no cree en la política de cero recortes a las pensiones y está de acuerdo con lo establecido en la versión original del PC 1003 que, cuando se radicó, establecía un recorte de 8.5%. Nosotros combatiremos eso como hicimos con esa mala idea”, dijo Méndez Núñez.
Mientras, el senador independiente José Vargas Vidot considera que se debe aprovechar esta coyuntura para llegar a mejores términos de repago. “Esta es la única forma de asegurar dinero para pensiones, Universidad de Puerto Rico, desarrollo económico y más. No es un lenguaje aspiracional, es un recorte al repago que nos deje dinero”, dijo Vargas Vidot.
FUENTE: elvocero.com
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