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Se trata de los casos de Oscar Santamaría Torres y Raymond Rodríguez Santos, dos empresarios que, junto a Mario Villegas Vargas, sobornaron a Delgado Montalvo a cambio de ser favorecidos en el otorgamiento de contratos municipales. Al igual que el exalcalde, Santamaría Torres y Rodríguez Santos se entregaron a los fiscales federales y consignaron sus delitos mediante un documento de información, evitando así la presentación de un pliego acusatorio emitido por un gran jurado.
El desello se efectuó ante el juez federal Raúl Arias Marxuach a petición de la Fiscalía federal, seis días después de que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestara a Villegas Vargas en su residencia en conexión con el referido esquema.
Aunque los documentos de información y los acuerdos de pliego fueron desellados ayer, los mismos tienen fecha del pasado 30 de noviembre, día en que también se produjo el acuerdo entre Delgado Montalvo y la Fiscalía federal.
Aunque el documento identifica estas tres empresas como Compañía A, Compañía B y Compañía C, de las numeraciones de los contratos ilustradas en el documento se desprende que la Compañía A corresponde a Waste Collection Corp., la Compañía B a Island Builders Corp. y la Compañía C a VIP Healthcare Solutions.
Waste Collection obtuvo un total de $39,209,629 mediante 11 contratos con el ayuntamiento de Cataño, Island Builders Corp. acumuló $584,830 a través de tres contratos y VIP Healthcare Solutions obtuvo $9,547,873 con 40 contratos.
Según el registro de corporaciones del Departamento de Estado, Waste Collection fue incorporada por Santamaría Torres en 2012, pero no así Island Builders Corp. y VIP Healthcare Solutions.
No obstante, aunque Santamaría Torres no aparece en los documentos de incorporación, VIP Healthcare Solutions fue incorporada el 23 de junio de 2017 y recibió su primer contrato siete días después, mientras que Island Builders Corp. fue formada el 8 de agosto de 2018 y obtuvo su primer contrato el 1ro de noviembre del 2018.
El acuerdo al que llegó Santamaría Torres con la Fiscalía federal le impone un cargo por conspiración para pagar sobornos y comisiones ilegales o “kickbacks” y conlleva una pena recomendada de cinco años en prisión. Igualmente, acordó restituir todo el dinero que adquirió como parte del esquema fraudulento.
Los relojes Rolex
Por su parte, Rodríguez Santos también confesó haberse reunido en secreto con Delgado Montalvo junto a su socio en la empresa J.R. Asphalt, Mario Villegas Vargas, en distintos lugares en Cataño para pagarle sobornos y comisiones ilegales a cambio de favorecerlos con contratos municipales. Rodríguez Santos y Villegas Vargas también le entregaron a Delgado Montalvo relojes Rolex en lugar de dinero en efectivo para beneficiar a la empresa asfaltera y a otros individuos y negocios en los que tenían intereses financieros.
Del documento de información no se desprende que Rodríguez Santos y Villegas Vargas emitieran pagos con regularidad, señalando que un pago de soborno por $14,500 se materializó el 7 de junio de 2021. El próximo día, Rodríguez Santos ayudó a coordinar un encuentro entre Delgado Montalvo y Villegas Vargas para que este le entregara un soborno de $17,000 con el propósito de asegurar contratos para J.R. Asphalt.
En total, J.R. Asphalt obtuvo 50 contratos otorgados por el municipio de Cataño entre el 29 de septiembre de 2017 y el 2 de julio de 2021 que ascendieron a $9,966,903.
Al igual que con Santamaría Torres, el acuerdo entre la Fiscalía federal y Rodríguez Santos conllevó un cargo por conspiración para pagar sobornos y comisiones ilegales y una pena recomendada de cinco años en prisión. También incluye una restitución de todo el dinero adquirido como parte del esquema previo a ser sentenciado.
Los hechos que el documento de información detalla contra Rodríguez Santos son esencialmente idénticos a los del pliego acusatorio presentado contra Villegas Vargas la semana pasada. En cambio, el pliego contra Villegas Vargas añade dos denuncias por soborno con programas federales y por uso de instalaciones interestatales para facilitar la extorsión. Aunque el esquema fue el mismo, Villegas Vargas se expone a una pena de hasta 20 años en prisión federal.
Afirma estar arrepentido
Tras el desello de los documentos de información y de los acuerdos de pliego de ambos empresarios, Santamaría Torres envió unas declaraciones personales.
“Comparezco ante el pueblo de Puerto Rico, para pedir perdón y expresar mi arrepentimiento genuino a mi esposa, a mis padres naturales y adoptivos, mis hijas e hijos, familia, amigos y todas y todos los que se han podido ver afectados por mis acciones. Es mi deseo hacer un reconocimiento público de mis actos cuyas consecuencias han causado dolor y sufrimiento. He fallado y no tuve el carácter suficiente para entender las consecuencias éticas y morales de mis acciones cuyos efectos me han llevado ante la justicia y la vergüenza pública”, rezan las declaraciones escritas.
La carta procede a relatar el acuerdo que alcanzó con la Fiscalía federal el pasado 30 de noviembre y su renuncia como presidente de Waste Collection, una de las empresas beneficiadas en el esquema de corrupción, aunque resaltó que esta cuenta con una nueva junta de directores, “quienes llevan con total independencia las operaciones y el funcionamiento de la empresa”.
“En cuanto a las compañías VIP (Healthcare Solutions) y Island Builders las ganancias devengadas por mi persona han sido devueltas en su totalidad en el cargo de confiscación... Deseo hacer constar que sus directivos estuvieron ajenos a cualquier acción indebida de mi parte”, agregó.
Santamaría Torres agregó que cerró su oficina legal y sometió su desafiliación como abogado ante el Tribunal Supremo. Finalmente, el empresario agradeció a sus familiares y amistades por las muestras de solidaridad y amor durante este proceso.
FUENTE: elvocero.com
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