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Puerto Rico

Se registra aumento en la cantidad de drogas en las calles de la isla

Los problemas de comunicación y el cierre de puertos tras el ciclón impidieron la exportación de drogas ilegales hacia Estados Unidos

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El huracán María trastocó el flujo ilegal de sustancias controladas desde Puerto Rico hacia el exterior, lo que provocó que aumentara la cantidad de droga disponible en las calles del país, según las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA).

Lo que todavía se debate –incluso dentro de la Policía– es si ese fenómeno tuvo que ver con un alza en la criminalidad en el país, en los meses posteriores al azote del ciclón el 20 de septiembre del año pasado.

Según datos de la Policía, en enero de este año, se reportaron 78 asesinatos, 21 más que en ese periodo en 2017. Sin embargo, las cifras de asesinatos de noviembre y diciembre de 2017, a semanas del paso de María, aunque altas, no superan a las del 2016.

“Al tener más cantidad y bajar los precios, (la droga) se hace más accesible a personas que quizás no tenían el dinero para iniciarse en el negocio. No quiero decir que llegamos a esta conclusión, pero al entrar más gente al negocio y tener la misma cantidad de terreno, hay la posibilidad de que incremente la violencia”, expresó el teniente coronel Luis Colón, quien dirige FURA.

Posterior a María, el kilo de cocaína pudo haber bajado de entre $21,000 y $27,000 a entre $13,000 y $18,000, estimó el sargento David Díaz, encargado de inteligencia en FURA, brazo de la Policía que patrulla la costa para impedir la entrada de droga a la isla.

“Bajaron el precio de la droga para poder salir de ella (en la isla)”, dijo Díaz, al indicar que el precio se redujo aún más en San Thomas, Santa Cruz y San Martín, a razón de $10,000 el kilo.

No fue hasta que abrieron los puertos que comenzó a salir la droga del país, apuntó la sargento Iris Viruet, enlace de FURA con las autoridades federales.

“¿Venir y traer un cargamento? ¿A dónde va a llegar? ¿Cómo me comunico? Eso hizo que (el tráfico mermara)”, expresó la comandante Nilsa Bonilla, segunda al mando en FURA.

Incluso, se cree que la entrada de droga a la isla también mermó debido al disloque provocado en las comunicaciones.

Sin embargo, una fuente de FURA señaló que la teoría de que mientras más droga hay en la calle, más asesinatos pueden producirse, no es necesariamente correcta. Dijo, en cambio, que el incremento de asesinatos se debe a luchas de poder entre organizaciones, como la que redundó en múltiples crímenes en Caguas a finales de año, en Bayamón en octubre y las muertes provocadas por el asesinato de Carlos Giovanny Rosa, alias Tonka, en agosto.

En el 2017, FURA ocupó 7,325 kilos de cocaína, 15.6 libras de marihuana y 6 kilos de heroína. Esta división, que cuenta con 13 unidades marítimas, dos aéreas, una de rescate, dos montadas y equipo Swat, realizó 66 arrestos, ocupó 14 armas de fuego y $581,314.

Uno de los trabajos más grandes que realizó FURA el año pasado fue la incautación de droga almacenada, que estaba lista para ser exportada. El 29 de octubre, por ejemplo, ocuparon 365.4 kilos de cocaína valorada en $12 millones en un apartamento del residencial San José, en Río Piedras. En el operativo, se arrestó a un individuo, le ocuparon un arma y $11,948 en efectivo.

Impacto en la Policía

El azote del ciclón también trastocó las operaciones de la Policía porque provocó daños en cuarteles e interrumpió las comunicaciones internas

Ante ese escenario, agentes y supervisores de la rama investigativa de la Policía fueron enviados a realizar labores ajenas a la pesquisa criminal y el ritmo de las investigaciones se redujo, reconocieron oficiales de la Uniformada.

A pesar de la escalada en violencia, esta no se puede adjudicar necesariamente al disloque provocado por el huracán, dijo el comisionado interino de la Policía, Henry Escalera.

“El patrullaje preventivo se dio. Lo que se pudo haber atrasado es en la rama investigativa, porque los agente estaban haciendo otras funciones”, dijo.

Con Escalera coincidió el teniente coronel Francisco Rodríguez, jefe operacional del Negociado de la Policía y hasta hace poco encargado de la sombrilla que cobija todas las unidades investigativas de la Uniformada.

“Gran parte de la ciudadanía se movió al extranjero o se mudó de donde vivía. Si había una investigación relacionada con un asesinato, un robo o un escalamiento, se nos dificultaba localizar al testigo. Todo lo que se facilitaba por llamada telefónica se tuvo que hacer moviéndose físicamente, eso sin contar el tema de la transportación terrestre. Todo eso afectó las investigaciones”, dijo.

Rodríguez dijo que el porcentaje de esclarecimiento en crímenes en el 2017, con todo y el huracán María, se ubicó 4% menos que en el 2016. En 2017, se registró una merma de 21 asesinatos al compararse con los 700 del 2016. Asimismo, el año pasado, en el 41.7% de los casos se identificó el narcotráfico como móvil.

Según Rodríguez, las circunstancias particulares del crimen relacionado con el narcotráfico redundan en el bajo esclarecimento.

Difícil esclarecimiento

“Cuando haces investigaciones dirigidas a muertes relacionadas a eventos con drogas, todos sabemos que en el bajo mundo en ese tipo de delito nadie habla, nadie coopera con la Policía y deciden tomar la justicia en sus manos”, dijo Rodríguez. “Por eso, tenemos que utilizar otras estrategias, tenemos que buscar dentro de los mismos grupos otros elementos (individuos) buscando negociaciones y acuerdos para que nos señalen los autores de los asesinatos”, agregó.

“En ausencia de evidencia testifical se amplía la investigación con evidencia científica, armas de fuego… el que mata, también brega con armas, con vehículos hurtados. Intervienes con ellos por otros delitos, dan información, hay arrestos y siguen cooperando”, indicó el teniente coronel José Rosario Polanco, director de la Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal.

Ese enfoque permitió, según la Policía, la desarticulación de la pandilla de Juncos, cuyos integrantes son sospechosos de sobre 40 robos.

El año pasado, la Policía proclamó “esclarecidos” 234 asesinatos, aunque una cantidad no revelada corresponde a crímenes de otros años. En esta cifra, se incluyen casos en que no se encontró causa para arresto. De esta cifra global, 100 fueron con arrestos, 19 mediante acusaciones en ausencia y 115 de manera “excepcional”, lo que significa que la Policía entiende que ha identificado el autor del crimen, pero no puede someter el caso por falta de un testimonio, de evidencia o porque el autor del crimen fue asesinado.

Tampoco se divulgó cuántos de los 234 corresponden a crímenes cometidos en el 2017.

Hace tres semanas, el Departamento de Justicia y la Policía anunciaron la desarticulación de una pandilla de cinco personas, entre estos dos menores acusados por tres asesinatos, dos de estos en medio de carjackings.

Ha trascendido que son sospechosos de otros tres asesinatos recientes, incluyendo dos de alto perfil mediático. El grupo, liderado por un individuo conocido como Casper, tenía en jaque a por lo menos cinco áreas policiacas, sacudidas como todas las demás por una racha de asesinatos que alcanzó los 78 en enero, uno de los meses más sangrientos en la historia reciente. El ritmo de asesinatos, de hecho, se ha mantenido en alza desde noviembre.

Estas radicaciones se dieron en medio de un período de poco más de dos semanas en que se declararon “esclarecidos” 12 asesinatos de este año, entre estos uno ubicado bajo la categoría de “excepcional” en Ponce, en que el autor del primer crimen de la noche del 25 de enero luego fue asesinado por sus propios compinches en medio en un fuego cruzado con un bando rival.

Según Escalera, estas radicaciones son producto de su plan anticrimen que va dirigido a consolidar, bajo el mando de los jefes de las áreas policiacas, el trabajo de la rama investigativa asignada a esa área, entiéndase Vehículos Hurtados, el Cuerpo de Investigación Criminal (CIC), el Negociado del Tránsito y las divisiones de drogas, entre otros organismos investigativos de la Policía.

“Ese es un plan anticrimen. Es un esfuerzo coordinado para no tener duplicidad, tener una estructura para que no se esté investigando doblemente una organización y que sea al unísono”, dijo Escalera. “La información fluye más rápido”.

El plan está implantándose en San Juan, Bayamón, Carolina, Fajardo y Humacao, y podría ser llevado a todas las regiones.

FUENTE: elnuevodia.com

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