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Por tercera ocasión y en menos de un año, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer M. Granholm, pisará suelo puertorriqueño, esta vez para reunirse con miembros de comunidades en la Isla.
La visita, a la que han llamado Gira de Participación Comunitaria PR100, se extenderá desde hoy hasta al 3 de febrero, e incluirá visitas a las islas municipio de Vieques y Culebra, además de los pueblos de Loíza y Salinas.
Según el comunicado de prensa, su interés es conocer sobre “la necesidad crítica y urgente de reconstruir y modernizar la red con fuentes de energía limpia, confiables y resilientes”.
Al comienzo de la visita, la secretaria estará acompañada por Deanne Criswell, de la Administración federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, para ofrecer actualizaciones sobre el progreso alcanzado por el Equipo de Recuperación y Administración de la Red Eléctrica de Puerto Rico, creado por el presidente Joe Biden tras la visita al sur del País, en octubre de 2022, luego del paso del huracán Fiona.
El informe preliminar de PR100 —dado a conocer la semana pasada— apunta hacia la urgencia de acabar con la inequidad en el acceso a servicios confiables de energía, crear microrredes y aumentar el uso de los techos para la generación de energía renovable.
Establece que aún si el gobierno completara a tiempo las seis fases de implementación de los proyectos de energía renovable a gran escala, haría falta generación adicional para cumplir con la meta de política pública.
Uno de los primeros proyectos de energía renovable a gran escala aprobado por las autoridades es el de Clean Flexible Energy, subsidiaria de AES, que propone instalar placas fotovoltaicas en 641 cuerdas de terreno en el barrio Aguirre, en Salinas.
Representantes de organizaciones ambientales sostienen que el proyecto afectará tres canales de riego y la permeabilidad de los suelos —algunos con categoría de suelos especiales y clasificación de suelo Rústico Especialmente Protegido-Agrícola— lo que aumentaría la vulnerabilidad existente a que ocurran inundaciones.
Puerto Rico tiene asignados unos $12,000 millones —entre fondos FEMA y del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, en inglés)— para la reconstrucción del sistema eléctrico, que colapsó tras el paso del huracán María en 2017.
Es la mayor cantidad de dinero asignada por el gobierno federal a cualquier jurisdicción para el proceso de recuperación tras un desastre natural. Según se ha informado, la designación de Granholm persigue agilizar el uso de estos fondos federales.
FUENTE: elvocero.com
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