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El secretario de Educación Eliezer Ramos Parés será citado ante la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes para que explique expresiones públicas que ofreció sobre el curso de una investigación contra el exsubsecretario asociado, Héctor Joaquín Sánchez.
Pese a que el funcionario había dicho públicamente que la pesquisa en curso estaba siendo atendida por la División Legal de la agencia que ya tenía un informe parcial, que incluso había leído, respondió en una carta oficial a la Legislatura que no tenía el documento porque la investigación se encomendó a una “entidad externa”.
La comisión cameral, presidida por el representante, Héctor Enrique Ferrer, le requirió al secretario información sobre el estatus de la investigación contra Sánchez por supuestamente impartir instrucciones a integrantes de un comité a cargo de seleccionar a los maestros y directores más destacados del año para que seleccionaran a afiliados del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Ante las discrepancias, Ferrer, se dispone a citar al secretario.
“Con relación a este asunto el Departamento delegó en una entidad externa que hiciera la investigación y que se hiciera un informe de dicha investigación. A este momento el departamento no ha recibido el informe final de la investigación”, lee la carta del secretario auxiliar de asuntos legales y política pública de Educación, Nolan S. Portalatín Cepeda.
“Nos encontramos a la espera de que dicho informe sea entregado. Por lo tanto, la investigación aún está en curso, el departamento no tiene el informe y no tenemos auditoría realizada”, continúa la carta con fecha del 15 de julio.
El secretario no concedió entrevista el domingo para contestar preguntas sobre este tema. Sin embargo, envió declaraciones escritas. “Es una investigación que está en su fase final por lo que no se emitirán expresiones al respecto”, dijo.
El Nuevo Día supo que un miembro de La Fortaleza llamó a Educación para pedir que la pesquisa fuese delegada a un ente externo. Aun así, dijo una fuente, Educación sigue adelante con una investigación interna.
Este medio solicitó el domingo una reacción de La Fortaleza, pero no hubo respuesta.
Sánchez llegó a Educación en enero del 2021 luego de ser comisionado electoral del PNP. Su llegada a la agencia causó controversia. Tras las elecciones del 2020, Sánchez deseaba ocupar la secretaría de Educación.
En febrero de este año, Ramos Parés fue confirmado como secretario de Educación. Previamente, Sánchez había sido la ficha de tranque que impidió que el Senado confirmara a dos nominadas como secretarias de Educación, Elba Aponte Santos y Magaly Rivera Rivera.
Otra pesquisa
A requerimientos de la comisión cameral, Educación también confirmó que “no ha concluido” una investigación sobre cualquier otra conducta inmoral, impropia o ilegal de Sánchez mientras estuvo en Educación.
“Como en todo asunto, el Departamento de Educación por conducto de la Unidad de Investigación de Querellas Administrativas, investiga las alegadas conductas impropias de funcionarios en el desempeño de sus funciones. Con relación a este asunto el Departamento de Educación no ha concluido la investigación, por tanto no contamos con un informe final”, se señala en la carta.
Educación, sin embargo, rechaza que el exsecretario asociado sea investigado por alegadamente interferir en la concederle plazas a maestros transitorios vinculados con el PNP.
Las controversias de Sánchez comenzaron hace más de cinco años, desde que fue nombrado el cuatrienio pasado a un puesto de confianza a nivel central como secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica.
Sánchez -quien tiene un puesto de carrera hace 22 años como maestro paisajista- recibió varias denuncias laborales por manejo inapropiado de situaciones con empleados de Educación. Una denuncia en su contra presentada en marzo de 2017 por una directora escolar –copia de la cual está en poder de El Nuevo Día- lo acusó a él y otros dos funcionarios, entre ellos la otrora secretaria designada Magaly Rivera, de hostigamiento laboral.
Además, en el 2018, el entonces subsecretario asociado de Educación, Eligio Hernández, se reunió con Sánchez para atender señalamientos por presuntas actuaciones y comentarios impropios de índole sexual, así como evitar el discrimen político. Las quejas no se convirtieron en querellas formales.
También Sánchez estuvo a cargo de un programa del Departamento de Educación para brindar experiencia laboral a estudiantes con impedimentos, el cual fue objeto de investigaciones internas y un referido al Departamento de Justicia, en 2019, ante denuncias de que se beneficiaron legisladores del PNP que tramitaron directamente las solicitudes. Sánchez negó haber entregado solicitudes a legisladores para que ellos las hicieran llegar a estudiantes.
Ferrer dijo que lo que persigue con el requerimiento de información a Educación es que haya “transparencia”.
“Me levantan bandera los hechos que se han comentado, pero al no tener propio ni personal conocimiento prefiero esperar por lo que contiene el informe del que públicamente se dijo que existía y que estaba pendiente porque la División Legal hiciera unas conclusiones”, dijo Ferrer.
Rechazó expresiones del gobernador de que a Sánchez se le estaba criminalizando por ser militante de un partido político.
“Jamás este servidor va a perseguir a personas de una ideología diferente a la mía”, sostuvo Ferrer.
“Hay que saber qué es lo que el gobernador está escondiendo porque tan fácil es publicar ese informe y que el país conozca qué fue lo que sucedió y así se aclara toda duda”, agregó.
FUENTE: elnuevodia.com
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