Tras un receso de más de una hora, el Senado reanudó ayer sus trabajos en la sesión legislativa para aprobar varios nombramientos sometidos por el gobernador Pedro Pierluisi para el consejo y consentimiento del mencionado cuerpo legislativo, que incluyen puestos a juntas de directores y la judicatura.
Sin embargo, aún quedan pendientes los nombramientos del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, para un ascenso como juez del Tribunal de Apelaciones, y Nannette Martínez Ortiz como directora ejecutiva de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (Prits).
En los trabajos de la sesión de ayer, que eran presididos de forma incidental por la senadora popular Marially González, el primer nombramiento que fue atendido fue el de Erick Villega Meléndez como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de las Artes Musicales y del Conservatorio de Música.
Acto seguido, se dio paso a las designaciones de las doctoras Tamara Torres Morales para un nuevo término como miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música y de Jocelyne Molina Ávila como miembro de la Junta Evaluadora del Fondo para Servicios Enfermedades Catastróficas Remediables.
A estos se sumaron las nominaciones de Ismael L. Purcell Soler para un nuevo término como registrador de la propiedad; Luis Alfredo Ramos Vélez para un nuevo término como procurador de asuntos de menores; y Norma M. García Rivera para un nuevo término como procuradora de asuntos de la familia.
Contratación en el gobierno
De otro lado, el Senado avaló una pieza que propone prohibir la contratación de empleados o exempleados de confianza para puestos de carrera que no cumplan con los criterios de preparación académica y experiencia establecidos para la clase de puesto o su equivalente en otros planes de valoración de puestos.
El Sustitutivo del Senado al Proyecto del Senado 628 y al Proyecto de la Cámara 1013 -que ahora pasa a la consideración de la Cámara- enmienda la Ley 8-2017 para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno a los fines de cambiar la política pública.
La medida tiene el objetivo de reducir "considerablemente" la práctica de "atornillar" empleados públicos. "Como consecuencia, es un mecanismo que obliga al Gobierno de Puerto Rico mantener un cuerpo de empleados preparado, eficiente y libre de ataduras político-partidistas”, agrega la legislación.
Durante su turno sobre el proyecto, el senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves dijo que la medida impulsa la competencia para obtener puestos de confianza y no que se "atornille" a "alguien sin pasar por el debido proceso que enfrentan los demás empleados del gobierno a la hora de ser reclutados”.
FUENTE: elvocero.com