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Los fiscales especiales independientes (FEI) presentarán cuatro denuncias criminales contra el senador popular Albert Torres Berríos, incluyendo presuntas violaciones al Código Anticorrupción, actos de soborno e interferencia con testigos.
La fiscal especial Zulma Fúster Troche explicó este lunes que las imputaciones contenidas abarcan los artículos 259 (soborno) y 281 (interferencia con testigos) del Código Penal, así como el artículo 4.2(c) del Código Anticorrupción. Por interferencia con testigos, dijo Fúster Troche, se están presentado dos denuncias.
“Eso es un artículo que protege a los empleados de la toma de represalias por parte del patrono”, indicó Fúster Troche, en relación al cargo por violentar el Código Anticorrupción, luego de someter formalmente las denuncias en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan.
La fiscal especial, quien investigó al legislador de primer término junto a Ramón Mendoza, explicó que en la vista de causa para arresto a escenificarse esta mañana se presentarían ocho declaraciones juradas. Entre ellas, se encuentra la declaración del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.
“Ocho son las declaraciones juradas. Testigos son más. Hay unos (testigos) que son empleados y otros que son exempleados”, agregó Fúster Troche, confirmando que en el último grupo se encuentra Alba González Rivera, la trabajadora de la oficina del legislador que denunció inicialmente un patrón de acoso laboral.
Torres Berríos está representado por la licenciada Cándida Sellés Ríos y el licenciado Enrico Rodríguez González. De momento, no se había informado sobre el juez o jueza que atendería la vista de Regla 6.
La investigación contra el legislador del Partido Popular Democrático surgió tras alegaciones presentadas por González Rivera, quien inicialmente denunció a Torres Berríos ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado.
En ese entonces, González Rivera alegó que Torres Berríos tomó represalias en su contra por haber presentado una querella de acoso laboral. También, señaló que el senador utilizó recursos públicos y empleados para asuntos político partidistas, y que solicitó dinero a sus empleados para atender asuntos personales, entre otros planteamientos.
González Rivera es una empleada de carrera del Departamento de Agricultura, que trabajaba en la oficina legislativa mediante el mecanismo de destaque.
La investigación del Departamento de Justicia giró en torno a las peticiones de dinero que hiciera Torres Berríos a varios empleados de su oficina y al esposo de la propia González Rivera.
Las denuncias de González Rivera fueron investigadas inicialmente en la Comisión de Ética del Senado, organismo que, sin embargo, se limitó a aprobar un informe que recomendaba un voto de censura y una reprimenda pública contra Torres Berríos. El informe, no obstante, fue derrotado en el pleno senatorial, por lo que el legislador no enfrentó penalidad alguna.
Torres Berríos, quien ayer se ausentó a la sesión legislativa, llegó al Tribunal de San Juan cerca de media hora antes de su citación a las 9:00 a.m. Portando una mascarilla, el senador entró a la Sala de Investigaciones en el sótano del centro judicial sin hacer fila ni realizar declaraciones a la prensa.
En julio pasado, Torres Berríos estuvo involucrado en otra controversia por una querella de maltrato a menores, que posteriormente sería archivada por el Panel sobre el FEI.
FUENTE: elnuevodia.com
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