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El portavoz de la delegación novoprogresista en el Senado, Carmelo Ríos, dijo que no hay ambiente para que la derogación de la Ley 80 reciba hoy su último visto bueno y vaya a la firma del gobernador Ricardo Rosselló, por lo que auguró que la medida pasará más tiempo en negociación entre Cámara y Senado.
“No veo ambiente para que la medida se apruebe tal y como vino de la Cámara”, afirmó Ríos. “Ahora mismo tiene todas las características para ir a un comité de conferencia”.
Los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) se reunirán en horas de la tarde de hoy en un caucus al que han citado a alcaldes y a representantes de mayoría para discutir las enmiendas de la Cámara al proyecto que pretende derogar la Ley 80. Esta ley que garantiza una mesada a los empleados cesanteados injustificadamente se ha convertido en piedra de tranque entre el Senado, la Cámara, La Fortaleza y la Junta Federal de Control Fiscal.
El Senado ya había derogado la Ley 80 para los nuevos empleados. La Cámara enmendó el proyecto para que la protección esté vigente por dos años adicionales a los trabajadores con más de 15 años en sus empleos. La medida cameral crea un fondo que se nutriría con fondos públicos para pagar las mesadas de los empleados cesanteados y darles un subsidio a las empresas que contraten a estos empleados. Este pote tendría $100 millones.
El vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, dijo, por su parte, que no favorecerá la versión de la Cámara y añadió que “crear un fondo de $100 millones para mitigar los despidos es reconocer que habrá despidos. Es quizás hasta cierto punto promover los despidos”.
El senador penepé Miguel Romero, presidente de la Comisión de Gobierno, manifestó que esperará el caucus antes de determinar cómo votará.
“Vamos a discutirlo en caucus y no voy a estar emitiendo declaraciones. Estaba favoreciendo la versión del Senado, que era enmendar la Ley 80 para garantizar protecciones a empleados actuales, pero quiero dar espacio para el caucus y anunciaré luego del caucus cuál será mi decisión”, afirmó.
Como el proyecto fue aprobado en ambos cuerpos, si los senadores no favorecen los cambios de la Cámara, la medida pasa a un comité de conferencia o una mesa de negociación. El trámite usual es que los proyectos pueden permanecer en este comité de conferencia hasta que haya acuerdo, lo cual puede extenderse a veces por varias sesiones. Sin embargo, la solicitud de la junta fiscal es que la medida se apruebe antes del 27 de junio.
Tanto la junta como el gobernador han dicho que de la aprobación de este proyecto depende que se mantengan beneficios a los trabajadores como el bono de Navidad y las licencias de vacaciones y por enfermedad.
FUENTE: elvocero.com
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