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El gobernador Ricardo Rosselló podrá pagar el bono de Navidad de los empleados públicos si recorta en otros renglones del presupuesto certificado por la Junta Federal de Control Fiscal.
La directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, dijo que el gobernador tendrá que mover las fichas presupuestarias para poder pagar este beneficio a los empleados públicos.
“El gobernador hará lo que tenga que hacer. Si él decide pagar el bono de Navidad —un dinero que no estaba presupuestado— estará usando parte del dinero que estaba en el presupuesto ya sea para aumentos salariales, para contrataciones o para adiestrar cadetes”, dijo Jaresko. “Puede que si haces eso no tengas dinero suficiente para otras cosas que quieras hacer”.
Estas expresiones de Jaresko contrastan con lo dicho anteriormente, cuando señaló que el presupuesto certificado prohíbe al gobernador realizar reapropiaciones entre partidas. Hace varios meses, Jaresko había expresado que las reapropiaciones presupuestarias se hicieron en el pasado en conjunto con la junta y que —antes de hacerlas nuevamente— el gobierno tendría que sentarse a entender el presupuesto certificado.
“Lo que decimos es que no es consistente con el plan fiscal”, reiteró.
El gobernador dijo recientemente que pagará el bono y que busca en el presupuesto cómo financiarlo.
Jaresko, por su parte, manifestó que el bono se eliminó del presupuesto para evitar despidos en el gobierno.
“La idea era que eliminándolo más gente retendría su trabajo”, dijo.
La discusión del bono fue uno de los ejes del conflicto presupuestario que llegó a los tribunales. A cambio de este incentivo, la junta exigió la eliminación de la Ley 80 que protege a los empleados cesanteados injustificadamente. La Legislatura no le dio paso a esta propuesta, el presupuesto firmado por el gobernador no fue certificado y la junta aprobó su propio presupuesto sin los más de $60 millones para el bono.
Esperan por el gobierno
Por otra parte, Jaresko dijo que aún no han recibido toda la información sobre la orden ejecutiva firmada por el gobernador para aumentar a $15 el salario por hora que deben pagar las compañías de construcción contratadas por el gobierno.
Entidades como la Cámara de Comercio pidieron a la junta que revisara esta orden ejecutiva alegando que crearía un “disloque” en el sector de la construcción.
“Todavía no hemos recibido una respuesta del gobierno a la carta que enviamos”, dijo Jaresko.
FUENTE: elvocero.com
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