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Cuatro empleados del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) han sido suspendidos de empleo luego de que la Oficina de la Inspectora General los identificara cometiendo algún tipo de ilegalidad al solicitar el Programa de Asistencia por Desempleo (PUA).
Es elegible para recibir el PUA una persona que trabaja por cuenta propia, si demuestra que no tiene suficiente historial de trabajo para cualificar para compensación por desempleo regular, o si ha agotado todos sus derechos para recibir compensación por desempleo regular o beneficios extendidos, según se desprende de la página de internet del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
En declaraciones escritas, la directora del ICF, María Conte Miller indicó que se ha iniciado una investigación interna que gira en torno a estos cuatro empleados, que no fueron identificados. El Nuevo Día solicitó información adicional a la OIG sobre los hallazgos y los pasos a seguir.
“En aras de preservar la confiabilidad en nuestros procesos, realizamos una investigación interna que concluyó con la suspensión sumaria de cuatro empleados. La OIG también realizó su auditoria y hace señalamientos importantes que hemos tomado muy en serio”, indicó Conte Miller en declaraciones escritas.
FUENTE: elnuevodia.com
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