El gobierno lanzó una solicitud de cualificaciones para hacer una Alianza Público Privada (APP) para las lanchas y muelles de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), tras realizar un estudio de viabilidad que arrojó que ello resultaría en una reducción de alrededor de una cuarta parte del subsidio gubernamental.
Transferir la operación de la ATM a una empresa privada implicaría reducir en un promedio de $11.4 millones anuales el subsidio de este servicio por el período de 20 años que durará el acuerdo. Esto significa que el gobierno seguiría subsidiando el 72% del costo de este servicio público pese a pasar a una empresa privada.
La transportación marítima cuesta $45 millones anuales, según el director de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), Omar Marrero. De esta cantidad, $40 millones provienen del Fondo General. Esto equivale a un costo al erario de $800 millones en dos décadas. El estudio de viabilidad estimó, sin embargo, que el subsidio se reducirá en $227 millones en el período en el cual se extenderá la concesión.
El gobernador Ricardo Rosselló dijo ayer en una mesa redonda con la prensa, que la APP les permitirá desarrollar una ruta corta hacia Vieques desde la antigua base naval Roosevelt Roads, “tener lanchas y operación que sea efectiva... (dar) mejor servicio a la ciudadanía y (reducir) a largo plazo el subsidio del gobierno”.
La rentabilidad del proyecto depende en gran medida del aumento a las tarifas para los turistas y visitantes, además de una cantidad multimillonaria de fondos federales que se ha identificado para reembolsar la inversión del privatizador.
Marrero indicó que tienen “contemplado” entre $40 millones y $90 millones en fondos federales “no solo para mejoras capitales, sino reemplazo de embarcaciones”.
A preguntas de la prensa, el director de la AAPP aseguró que esos fondos federales ya estaban obligados para este proyecto. Sin embargo, en la primera página de la solicitud de cualificaciones el gobierno establece que “se espera que los fondos disponibles sean utilizados para financiar las mejoras”.
El gobierno establece, además, que el dinero estaría disponible a partir de la segunda fase del proyecto, por lo que se le otorgará al privatizador un reembolso por su inversión en mejoras capitales.
“La ATM espera financiar una parte significativa de las mejoras de capital mediante el uso de subvenciones obtenidas para tales fines. Sin embargo, la fecha en que se reciban dichas subvenciones sigue siendo incierto”, lee el documento.
Financiamiento de embarcaciones
Se requiere, por ende, que la empresa financie la adquisición de embarcaciones, haga “ciertas mejoras” a las instalaciones de mantenimiento, además de construir y mejorar el Muelle 2 en Ceiba.
Los consultores del gobierno han estimado en $3.4 millones la inversión que se requiere para relocalizar toda la operación de la ATM en el muelle de Ceiba.
Oportunidad de ingresos
La tarifa para los visitantes aumentará del costo vigente de $2 a un aproximado de $15 por cada viaje.
Marrero informó que la política de la administración “es que la tarifa de los residentes de las islas municipios permanezca inalterada”.
El estudio de viabilidad arrojó que el 70% de los usuarios del sistema no son residentes de Vieques y Culebra. El 75% de quienes lo utilizan es por razones de ocio. Además, reveló que el 45% de esos visitantes tienen ingresos por encima de $50,000, en contraste al 63% de los residentes de ambas islas municipios, quienes viven por debajo del índice de pobreza del gobierno federal.
Además, existe la posibilidad de ingresos adicionales por el cobro de una tarifa de estacionamiento, la venta en comercios aledaños, la inclusión de publicidad en las embarcaciones y la posibilidad de diseñar rutas adicionales, incluso una ruta hacia las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
La APP incluiría, además de los terminales de las islas municipios, el terminal de Cataño y el dique de la ATM en Isla Grande.
En vilo la nómina
Sobre los 200 empleados que tiene la ATM, la convocatoria del gobierno indica que “el socio privado será alentado, pero no requerido, a asumir el costo de empleo de los trabajadores”.
Marrero contestó a la prensa que “fiel a la política pública de la administración, se les garantiza la permanencia de empleo”, aunque pudieran ser transferidos al patrono privado o a otras dependencias del gobierno.
En un sondeo del mercado, el gobierno recibió respuesta de cinco empresas con interés en administrar el servicio en Puerto Rico.
FUENTE: elvocero.com