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Las sonrisas que daban cuenta de una alternativa para resolver el tranque por la derogación de la Ley 80 sobre despido injustificado no duraron ni 24 horas. Se espera que hoy los senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) retomen la discusión de la controvertible exigencia de la Junta Federal de Control Fiscal a sabiendas de que la propuesta del senador Miguel Romero no cuenta con el aval del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.
“Yo no voy a votar a favor de que se derogue la Ley 80. Lo pueden llamar como lo quieran llamar, lo pueden sazonar como lo quieran sazonar. Yo no voy a votar a favor de la derogación de la Ley 80”, sostuvo Rivera Schatz ayer.
“Yo llegué hasta donde entendí que era prudente: proteger al trabajador que tenía el derecho y prospectivamente los empleos que dicen que se van a crear, que no tengan esa protección. Pero hasta ahí llegué”, indicó.
Los senadores del PNP tienen en agenda para hoy a la 1:00 p.m. un caucus en el que se supone discutan la propuesta presentada el martes por Romero, la cual busca enmendar la Ley 100 contra el discrimen para fortalecer las protecciones contra los despidos. Fue al concluir ese caucus que el gobernador Ricardo Rosselló y Rivera Schatz hablaron de la opción de Romero como una alternativa para ponerle punto final al tranque.
“No sé”, dijo Romero cuando se le preguntó al respecto.
Mientras, Rivera Schatz insistió en que “la inmensa mayoría de los senadores no quiere derogar la Ley 80. Lo han dicho. Hubo senadores que no querían votar ni por la propuesta prospectiva. No sé si eso ha cambiado”.
“Todo esto se reduce al final del camino en quién quiere derogar la Ley 80 y quién no. Lo pueden sazonar, decorar, lo pueden llamar como quieran; todo se reduce a si queremos despidos injustificados por la libre o no”, afirmó Rivera Schatz.
Varios senadores del PNP entrevistados por EL VOCERO se mantuvieron en que escucharán la propuesta de Romero durante el caucus de hoy antes de tomar una decisión. Sin embargo, todos mostraron reservas con la idea de eliminar la Ley 80. Senadores como Migdalia Padilla, Itzamar Peña y el vicepresidente senatorial, Larry Seilhamer, no se comprometieron a favorecer la alternativa de Romero.
“Como he visto hasta ahora la propuesta de Miguel, me mantengo en que no estoy favoreciendo la medida”, afirmó Padilla.
La enmienda a la Ley 100
Romero, quien fue secretario del Trabajo y de la Gobernación, se reunió ayer con el gobernador y esperaba reunirse con miembros de la junta fiscal para explicar su propuesta. De igual forma, dijo haber hablado con algunos representantes.
Reiteró que su propuesta es enmendar la Ley 100 contra el discrimen en el empleo para que los empleados despedidos por razón de edad, raza, color, sexo, origen social o nacional, condición social, ideas políticas o religiosas, entre otras, puedan reclamar a sus patronos, igual que hacen ahora bajo la Ley 80.
Esta alternativa incluye eliminar la Ley 80, pero no crearía el fondo de $100 millones con dinero público para pagar las mesadas de los cesanteados que fue aprobado en la Cámara como parte de la derogación del referido estatuto.
“Como se ha interpretado la ley es que si usted puso un reclamo por Ley 80, no puede usar la Ley 100 para reclamar. Ahora vamos a poder usar la Ley 100 en aquellos casos que aplique para reclamar la cantidad de mesada como un daño especial adicional”, dijo Romero.
“No incluimos el fondo (de $100 millones) porque al violar la Ley 100, un patrono que incurre en una conducta constitutiva de discrimen incurre en un delito y yo no puedo permitir que fondos públicos sean usados para pagar un remedio para que un patrono cometa un delito”.
La propuesta fue descrita por las minorías legislativas como un “engaño”.
El representante independentista Denis Márquez dijo que “si el proyecto de ley a lo único que va dirigido es a añadir una compensación, a lo que va dirigido es a autocomplacerse ellos mismos, a cumplir con la junta y con el mandato de la junta de eliminar la Ley 80”.
“La Ley 100 no es una ley de despido. Es una ley especial para atender discrimen. La ley que atiende despido injustificado es la ley general, que es la Ley 80”, afirmó Márquez.
Por su parte, el senador popular Cirilo Tirado criticó la posibilidad de que el proyecto se apruebe con el único voto en contra en mayoría de Rivera Schatz.
“Esto se aprueba y él quedaría bien. Yo quisiera escuchar un presidente del Senado que hable con su caucus, que ejerza su liderato y que diga que esto no va a pasar”, señaló Tirado.
Según Romero, su propuesta tendría que ser una enmienda al proyecto ya aprobado, por lo cual el Senado tendría que decidir no avalar la medida ya aprobada en la Cámara. Si se realiza ese trámite en la sesión senatorial de hoy, la legislación pasa a un comité de conferencia (un proceso de negociación entre representantes y senadores). La sesión termina el 30 de junio, pero la junta fiscal pidió la aprobación de la Ley 80 para el 27 de junio.
Se disculpa el gobernador
Entretanto, Rivera Schatz dejó saber que durante el caucus del martes el gobernador se disculpó por haberle adjudicado públicamente la idea de crear un pote de $100 millones con fondos públicos para pagar las mesadas de los empleados cesanteados. Justo antes de entrar al caucus, Rosselló insistió en que esta propuesta era del presidente senatorial, lo que este ha negado.
“A mí me complace que él tuvo que aceptar que la propuesta no era mía y se excusó y dijo que no era su intención ofender y que lo lamentaba y yo acepto su disculpa porque no era mi propuesta”, dijo Rivera Schatz.
Rosselló, por su parte, explicó que la propuesta salió de un documento que Rivera Schatz envió a la junta federal, pero que no preparó él.
“El presidente (Rivera Schatz) dejó saber que él sí había enviado una documentación el 3 de junio a un miembro de la junta. Él establece que ese documento él lo envió, pero no era de su autoría y cuando lo comunicó frente a todos los compañeros, yo le dije que yo tomo su palabra por buena y queda aclarado ese asunto”, sostuvo el gobernador.
FUENTE: elvocero.com
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