Un gran jurado federal emitió ayer, miércoles, una acusación de siete cargos contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero internacional Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés).
En conferencia de prensa desde las oficinas de la Fiscalía federal, en Hato Rey, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, reiteró en varias ocasiones que el caso presentado no contiene ni alega acto ilícito alguno por parte del gobernador actual Pedro Pierluisi.
En síntesis, la exgobernadora fue acusada de tres cargos: conspiración, soborno y fraude electrónico.
Según la acusación federal, entre diciembre de 2019 y junio de 2020, Vázquez Garced participó en un plan de sobornos con varias personas, entre ellas Herrera Velutini y Rossini, para financiar la campaña electoral de la entonces gobernadora en 2020.
La exgobernadora aceptó la oferta en diciembre de 2020. Como parte del acuerdo, añadió Muldrow, Vázquez Garced accedió a nombrar un nuevo comisionado de OCIF que sería elegido por Herrera Velutini.
“A cambio, pagaron más de $300,000 a consultores políticos en apoyo a la campaña de gobernación”, precisó Muldrow.
De ser hallados culpables, pueden enfrentar, cada uno, una pena máxima de 20 años de prisión. Herrera Velutini está en Reino Unido y el exagente federal se encuentra en Madrid.
En el esquema de soborno también participó John Blakeman, colaborador y recaudador de la campaña electoral de la exgobernadora –y quien se declaró culpable tras un acuerdo con la Fiscalía federal–, y Frances Díaz, quien era la CEO del banco internacional que pertenecía a Herrera Velutini.
“El alegado esquema de soborno llegó al nivel más alto en el gobierno de Pueto Rico, amenazando la confianza del pueblo en sus procesos electorales y en instituciones de gobierno”, sostuvo el asistente del fiscal federal, de la División Criminal del Departamento de Justicia federal, Kenneth A. Polite.
Tanto Díaz como Blakeman ya se declararon culpables ante las autoridades federales, recordó Muldrow. Agregó que cada uno puede enfrentar una pena máxima de cinco años en prisión.
“El arresto de hoy no es motivo de celebración, es lamentable tener que pararnos aquí una vez más por la conducta de oficiales públicos”, expresó el director del FBI en Puerto Rico, Joseph González.
FUENTE: elnuevodia.com