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El Tribunal Supremo de Justicia anunció el miércoles en la noche que asumirá las competencias del parlamento de mayoría opositora, al que declaró en "desacato" que el año pasado el tribunal le impuso al organismo, al que acusa del incumplimiento de varias sentencias.
La medida la tomó el tribunal después de que cuatro abogadas presentaran un recurso de interpretación para que esa corte analizara un artículo de la Constitución y el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos sobre la creación de empresas mixtas sin la aprobación del legislativo.
El tribunal limitó la inmunidad parlamentaria y amplió los poderes del presidente para actuar bajo estados de excepción, que le permitirán, incluso, acudir a la justicia militar para demandar a sus contrarios.
Además, Borges dijo que no van acatar las órdenes del TSJ. "“Esta es la primera vez que sentencias (del TSJ) le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana”, señaló el diputado.
El diputado oficialista Diosdado Cabello, por su parte, dijo en su programa televisivo que "no podemos estar con una Asamblea Nacional ausente porque ellos quieran, pues. Cuando ellos hagan oficial el acto de desincorporación de los señores que dicen que son diputados, entonces comenzaremos a hablar. Si el orgullo no les da para eso, eso es problema suyo, camaradas". Cabello se refiere a los diputados opositores cuya elección fue impugnada por el TSJ.
Reacciones de condena en el continente
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció un "autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional".
"Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", dijo el secretario general. "Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia".
Almagro pidió convocar un Consejo Permanente de la OEA en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática de Venezuela.
Para activar la Carta Democrática ante una situación como la de Venezuela, en la que el Gobierno se opone frontalmente a esa medida, el Consejo Permanente de la OEA debe decidir por mayoría (18 votos) que hay una alteración del orden democrático.
Por su parte, el Gobierno de Perú rechazó lo que llamó una "ruptura del orden democrático en Venezuela" y retiró de forma definitiva a su embajador en ese país.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo que la decisión del TSJ de Venezuela es una “arbitraria medida que violenta el Estado de derecho”.
El Departamento de Estado de EE.UU. dijo en un comunicado que la decisión del TSJ "socava enormemente las instituciones democráticas" y que Estados Unidos condena la medida. "Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela", dice la declaración de Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado.
Además, la portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo que "las recientes sentencias de la Corte Suprema de Venezuela están poniendo en tela de juicio los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y restringiendo la inmunidad parlamentaria de sus miembros, elegidos democráticamente por el pueblo venezolano".
El expresidente y candidato presidencial de Chile, Sebastián Piñera, señaló que "el Tribunal Chavista de Justicia ha arrebatado todas sus atribuciones al Congreso de Venezuela. Es un paso inaceptable hacia una dictadura" y llamó a invocar la cláusula democrática de la OEA.
FUENTE: cnnespanol.com
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