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En otra vuelta de tuerca contra la de por sí inexistente libertad de expresión, el texto prevé sanciones de hasta tres años de prisión para quienes insulten a altos funcionarios públicos y criminaliza cualquier financiamiento para lo que llama, sin precisar, “actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
El nuevo código penal entrará en vigor dentro de 90 días, cuando será publicado en la Gaceta Oficial de la República, e incluye 37 nuevos delitos, la mayoría de ellos dirigidos, a juicio de opositores, a acallar las cada vez más frecuentes expresiones de descontento popular contra la dictadura.
El documento establece la cadena perpetua como sanción máxima de privación de libertad y mantiene la aplicación de la pena de muerte en 23 casos diferentes.
También prevé sanciones de hasta diez años de prisión a “quien apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
El nuevo Código Penal incluyó claramente sanciones de hasta 10 años de prisión a quien "apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros" de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para "sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional".
A diferencia del Código de las Familias, que luego de su aprobación en la Asamblea Nacional se sometió a referéndum, esta nueva Ley no pasará por el mismo proceso, uno de los puntos que ha sido cuestionado por opositores cubanos y miembros de la sociedad civil de la isla, entre otros asuntos que refuerzan y legitiman la represión del régimen contra opositores, medios independientes y la sociedad civil de la isla.
FUENTE: Redacción de americateve.com
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