Según publica Diario de Cuba, una cubana no identificada de Matanzas fue condenada a seis años de cárcel por el desvío y la reventa ilegal de medicamentos. También otra mujer cumplirá un año de limitación de libertad por ser coautora del delito de falsificación de documentos privados y dos médicos deberán pagar multas de 2.000 pesos, informó el periódico oficialista Girón. Miguel Díaz-Canel culpó a inicios de agosto a los revendedores de la creciente escasez de fármacos en la Isla y llamó a las autoridades locales a no tener contemplaciones en medio de crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.
Según la citada fuente, "con el ánimo de obtener dinero, una ciudadana concibió la manera de conseguir y acumular Tramadol, analgésico que compró en varias unidades de Jagüey Grande –donde reside–, Jovellanos y Limonar, para su posterior venta a sobreprecio a través del mercado informal en La Habana".
La mujer logró, "sin precisar cómo, algunos modelos en blanco de recetas médicas que contenían impresos los cuños gomígrafos de diferentes galenos del sureño territorio. En cada uno de ellos plasmó nombres y números de identidad de personas inexistentes, además de la prescripción del fármaco por cantidades oscilantes entre 60 y 120 tabletas".
"De una u otra forma, varios sujetos –con conocimiento o no de su intención–, le ayudaron en su propósito; al punto de involucrar a dos médicos que, luego de recibir en su casa a supuestos pacientes aquejados de dolor severo, y en desobediencia de la Resolución 1 de 2018 del Director Nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas, se arriesgaron a indicar el Tramadol, sin siquiera verificar los datos que los fingidos enfermos les ofrecieron".
Girón especificó que "si bien no existen límites ni restricciones para su prescripción, el citado fármaco (Tramadol) figura entre los que producen efectos similares a las drogas, sustancias estupefacientes y psicotrópicos, sometidos a control nacional acorde con lo dispuesto en la Resolución 335 de 2005 del Ministro de Salud Pública. Según la literatura médica, puede ocasionar problemas graves de respiración o poner en riesgo la vida, especialmente durante las primeras 24 a 72 horas de su tratamiento y en cualquier momento en que se incremente su dosis. De ahí que esté de más calificar de muy irresponsables dichas conductas".
"Que los responsables de acciones como las descritas –y hasta otros que por diversos motivos escapan de la justicia– respondan ante la ley es el reclamo de un pueblo que se muestra inflexible con quienes revenden medicamentos, sobre todo en medio de la compleja situación que vive el país a causa de la pandemia. Como indicó el presidente, tiene que acabarse la contemplación con ellos", concluyó en referencia a las palabras de Díaz-Canel.
"Mientras que no se tomen medidas serias en las farmacias ese tema no va a acabar. Hoy fue esa señora y ese médico y mañana será otro desgraciadamente. Si al árbol no lo eliminamos de raíz y solo le cortamos las hojas, seguirá creciendo", opinó Amarilys Arencibia.
Yusimí Hechavarria Peña dijo que no le convence. "Esos son productos controlados. ¿Nadie vio que no eran reales los nombres? El oficial que atiende en farmacia este control. ¿Nunca verificó? Estos productos eran antes bien controlados. ¿Ahora qué pasó? El descontrol y la falta de exigencia".
FUENTE: diariodecuba.com
