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Las sentencias variaron desde multas administrativas hasta ocho años de prisión, con siete funcionarios de la Unión Eléctrica de la capital entre los acusados.
Los delitos incluyeron falsificación de documentos bancarios y comerciales, así como cohecho continuado.
El Ministerio del Interior detalló que los condenados, que incluían funcionarios de la Empresa Eléctrica de La Habana, manipularon cuentas y documentos para permitir a ciertos clientes "grandes consumidores" pagar menos a cambio de sobornos. El proceso judicial se llevó a cabo después de una investigación interna en la empresa, aunque no se proporcionaron fechas específicas.
Las autoridades destacaron que entre los principales implicados se encontraba el administrador provincial de Gestión Comercial de la Empresa Eléctrica, quien alteraba la base de datos para falsificar las facturas.
Estos eventos se producen en medio de informes sobre cortes de energía debido a la escasez de combustible, a pesar de los envíos de petróleo recibidos recientemente. La corrupción, junto con otros desafíos, plantea preocupaciones sobre la equidad y el desarrollo económico en Cuba, según observadores como el periodista Michel Súarez.
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