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SUSCRIBITEMaricela Sosa Ravelo, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, anunció en la televisión nacional que el Consejo de Gobierno determinó interpretar que los hechos vandálicos constituyen un delito de sabotaje.
El Tribunal Supremo Popular considera “hechos vandálicos” como delitos de sabotaje, lo que puede implicar sanciones que van desde 7 años de prisión hasta la pena capital.
El régimen cubano ha endurecido significativamente su postura frente a daños a infraestructuras estratégicas del país, al anunciar que estos actos serán tratados como delitos de sabotaje, sancionables incluso con la pena de muerte o cadena perpetua.
La decisión fue anunciada en la televisión nacional por Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, quien indicó que el Consejo de Gobierno del Supremo aprobó una interpretación que califica como sabotaje los denominados “hechos vandálicos” cometidos contra bienes públicos esenciales.
Entre las acciones que podrían ser penalizadas bajo esta figura legal se incluyen:
Desde principios de año, autoridades de la Unión Eléctrica (UNE) y del Ministerio del Interior (MININT) venían advirtiendo que los robos de recursos energéticos serían considerados actos de sabotaje y conllevarían penas severas.
El nuevo Código Penal cubano, aprobado en 2022, mantiene la pena de muerte para 24 delitos, entre ellos 14 vinculados a la seguridad del Estado, ocho por terrorismo, uno por delitos relacionados con drogas y otro por asesinato.
Esta medida ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, que han advertido sobre el uso de legislaciones amplias o ambiguas para perseguir políticamente a opositores o críticos del gobierno bajo la acusación de “sabotaje”.
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