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SUSCRIBITEEl documento revisa los casos de Ana Belén Montes y Víctor Manuel Rocha además de presuntos vínculos con redes activistas y centros de inteligencia extranjeros
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este lunes 20 de julio un informe de 100 páginas que acusa al régimen cubano de desarrollar durante casi siete décadas una estrategia contra Washington basada en el espionaje, la infiltración institucional, la propaganda ideológica y la movilización de organizaciones afines.
El documento presenta a Cuba como un actor cuya influencia no debe medirse únicamente por su tamaño, su capacidad económica o su poder militar. Según la tesis central de Washington, La Habana habría integrado las operaciones de inteligencia y la influencia política dentro de un mismo proyecto revolucionario de largo alcance.
El secretario de Estado, Marco Rubio, difundió el documento desde su cuenta oficial en X y sostuvo que el régimen cubano ha sido durante más de seis décadas uno de los principales promotores del izquierdismo radical y del tercermundismo dentro de Estados Unidos.
“El pueblo estadounidense merece saberlo”, afirmó Rubio al presentar el informe, que describe a Cuba como “la capital del comunismo del siglo XXI”. Esa definición representa la valoración política de la actual administración estadounidense y no una calificación jurídica o internacional.
En el mensaje, Castro afirmó que Estados Unidos pagaría por lo que estaba haciendo y anticipó que, una vez terminada la guerra contra Batista, comenzaría para él una confrontación más amplia contra Washington.
La carta ha sido citada durante décadas como evidencia de que la hostilidad hacia Estados Unidos ya ocupaba un lugar importante en el pensamiento de Castro antes del triunfo revolucionario de enero de 1959.
Una parte central del informe está dedicada a la Dirección de Inteligencia cubana y a las operaciones que lograron penetrar instituciones sensibles del Gobierno estadounidense.
Entre los principales casos aparece Ana Belén Montes, quien fue reclutada por los servicios cubanos en 1984 y posteriormente consiguió empleo como analista en la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos.
Montes trabajó en la DIA desde 1985 hasta su arresto, ocurrido el 21 de septiembre de 2001. Durante ese período transmitió información clasificada y reveló las identidades de oficiales estadounidenses de inteligencia, según documentos del Departamento de Justicia.
En 2002 se declaró culpable de conspiración para cometer espionaje en favor de Cuba y fue condenada a 25 años de prisión.
El documento también analiza el caso de Víctor Manuel Rocha, exembajador estadounidense y antiguo funcionario del Consejo de Seguridad Nacional.
Rocha admitió que comenzó a colaborar secretamente con Cuba alrededor de 1973, antes de obtener la ciudadanía estadounidense, y que mantuvo esa relación mientras ocupaba cargos de alto nivel dentro del Gobierno.
En abril de 2024 fue condenado a 15 años de prisión por actuar ilegalmente como agente de un Gobierno extranjero y conspirar para defraudar a Estados Unidos.
El Departamento de Justicia presentó en mayo de 2026 una demanda civil para revocarle la ciudadanía, al alegar que obtuvo la naturalización mediante declaraciones falsas y el ocultamiento de su relación con los servicios cubanos. El proceso de desnacionalización continúa siendo un litigio civil y las acusaciones de esa demanda aún deben resolverse judicialmente.
El informe reconstruye las relaciones que, según el Departamento de Estado, La Habana mantuvo con movimientos radicales que operaron dentro de Estados Unidos durante las décadas de 1960, 1970 y 1980.
El documento menciona a sectores de los Panteras Negras, el Weather Underground y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico, conocidas como FALN.
Washington sostiene que Cuba proporcionó apoyo político, entrenamiento, contactos internacionales o refugio a integrantes de algunos de esos movimientos. Entre los casos mencionados aparece el de William Morales, fabricante de explosivos vinculado al FALN que huyó a Cuba y permaneció fuera del alcance de la Justicia estadounidense.
El informe utiliza esos antecedentes para argumentar que La Habana combinó el espionaje tradicional con la promoción de causas revolucionarias y antiestadounidenses.
La preocupación de Washington no se limita a las redes históricas.
Evaluaciones de inteligencia citadas por The Wall Street Journal identifican 18 instalaciones conocidas de inteligencia de señales en Cuba. De ellas, tres serían operadas activamente por China y otras dos por Rusia, mientras las restantes permanecerían bajo control cubano o funcionarían mediante acuerdos conjuntos.
Funcionarios estadounidenses aseguran que China y Rusia han modernizado sus capacidades de interceptación electrónica y que el personal destinado a esas operaciones se ha multiplicado aproximadamente por tres desde 2023.
Los principales objetivos serían instalaciones militares estadounidenses en Florida, entre ellas el Comando Central en Tampa y el Comando Sur cerca de Miami. Cuba y China han negado anteriormente que la isla albergue bases utilizadas para espiar a Estados Unidos.
El informe presta especial atención a la Red Nacional sobre Cuba, conocida como NNOC, una coalición estadounidense integrada por más de 60 organizaciones y relacionada con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
La organización difundió en junio un plan público de “respuesta rápida” para convocar manifestaciones coordinadas dentro de las 24 horas posteriores a una eventual acción militar de Estados Unidos contra Cuba.
El documento recomendaba concentraciones frente a edificios federales, tribunales, oficinas de correos, instalaciones militares, centros de reclutamiento y dependencias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El plan describía protestas, caravanas, despliegues de pancartas y otras acciones de movilización. Su existencia no demuestra por sí sola la comisión de delitos ni convierte automáticamente a todos los integrantes de la coalición en agentes del Gobierno cubano.
El Departamento de Estado dedica especial atención al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la Red Nacional sobre Cuba, Code Pink, The People’s Forum, Democratic Socialists of America y el National Lawyers Guild.
La tesis oficial es que sus relaciones, viajes, campañas y encuentros con funcionarios cubanos habrían proporcionado a La Habana acceso a una amplia infraestructura activista dentro de Estados Unidos.
No obstante, el propio análisis reconoce que organizaciones como Democratic Socialists of America no fueron creadas ni controladas por la inteligencia cubana y que su respaldo a La Habana sería principalmente ideológico.
El informe tampoco anuncia nuevos cargos criminales, sanciones o procedimientos legales contra esas organizaciones. Buena parte de sus conclusiones se basa en registros públicos, materiales producidos por los propios grupos y reportajes periodísticos.
El documento fue publicado dentro de una política de endurecimiento que se aceleró desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
El 29 de enero de 2026, el presidente firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional al considerar que las políticas y acciones del Gobierno cubano constituyen una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense.
La orden citó expresamente la cooperación de La Habana con Rusia, China, Irán y otros actores considerados hostiles por Washington. También creó un mecanismo para imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que suministren petróleo a Cuba.
El nuevo informe no constituye una sentencia judicial ni una evaluación independiente. Se trata de la posición formal de la administración Trump sobre el alcance histórico y actual de las operaciones cubanas dentro de Estados Unidos.
Los casos de Ana Belén Montes y Víctor Manuel Rocha están respaldados por condenas judiciales. Otras afirmaciones, especialmente las relacionadas con organizaciones políticas y redes activistas contemporáneas, representan conclusiones del Departamento de Estado que podrían ser disputadas por los grupos mencionados.
Al cierre de esta publicación, el documento no había generado nuevas acusaciones penales. Sin embargo, su difusión confirma que Washington pretende presentar el espionaje, la influencia ideológica y la cooperación de Cuba con China y Rusia como partes de una misma amenaza estratégica.
La tesis final del informe es contundente: la crisis económica de Cuba no significa que el país haya perdido su capacidad para influir, infiltrar o movilizar estructuras políticas más allá de sus fronteras.
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