De acuerdo con los antecedentes penales publicados por el DHS, los seis registran condenas por distintos delitos violentos o relacionados con el narcotráfico.
Dos cubanos condenados por delitos violentos fueron enviados a Sudán del Sur
Entre los primeros casos mencionados figuran José Manuel Rodríguez-Quiñones y Enrique Arias Hierro, trasladados a Sudán del Sur en mayo de 2025.
Rodríguez-Quiñones había sido condenado en Florida por asesinato en primer grado con arma, tráfico de cocaína e incendio provocado.
Arias Hierro, por su parte, acumulaba condenas por intento de asesinato, secuestro, robo con arma mortal y suplantación de un agente de las fuerzas del orden.
Ambos fueron incluidos en los procedimientos de deportación a terceros países después de que las autoridades estadounidenses no consiguieran concretar su retorno directo a Cuba.
Un integrante de los Latin Kings fue deportado a Esuatini
Otro de los casos destacados es el de Roberto Mosquera-Del Peral, identificado por las autoridades estadounidenses como integrante de la pandilla Latin Kings.
El ciudadano cubano fue condenado en Florida por asesinato premeditado en primer grado y agresión agravada contra un agente de las fuerzas del orden.
En julio de 2025 fue deportado a Esuatini, un país del sur de África que ha participado en acuerdos de recepción de extranjeros expulsados desde Estados Unidos.
Su caso ilustra una de las características más controvertidas de esta política migratoria: la posibilidad de trasladar a una persona a un país con el que no necesariamente mantiene vínculos familiares, culturales o de nacionalidad.
Otros tres cubanos con condenas por homicidio y narcotráfico fueron expulsados en agosto de 2025
La lista del DHS también incluye a Jhanmay Molina Pérez, Yosmel Luis Palomino Galán y Eugenio Douquesne-Millet.
Molina Pérez registraba una condena por homicidio en California.
Palomino Galán había sido sentenciado en Florida por dos cargos de asesinato premeditado con arma mortal.
Douquesne-Millet, por su parte, acumulaba condenas por homicidio en segundo grado, tráfico de cocaína y conspiración para traficar drogas en Carolina del Norte, además de múltiples cargos de allanamiento en Florida.
Los tres fueron deportados durante agosto de 2025, según el reporte difundido por las autoridades estadounidenses.
¿Por qué Cuba no recibe a determinados ciudadanos deportados desde Estados Unidos?
Las deportaciones de ciudadanos cubanos con antecedentes penales constituyen uno de los asuntos más complejos de la relación migratoria entre Washington y La Habana.
Durante décadas, el Gobierno cubano ha aplicado criterios restrictivos para la readmisión de determinados nacionales, especialmente aquellos que abandonaron la isla antes de ciertos acuerdos migratorios o que cuentan con antecedentes penales graves.
Estas limitaciones han generado situaciones en las que ciudadanos cubanos permanecen en Estados Unidos con órdenes definitivas de deportación, pero sin que exista un procedimiento inmediato para ejecutar su retorno.
Ante esa dificultad, Washington ha recurrido a acuerdos con otros países dispuestos a recibir a determinadas personas expulsadas.
Entre los destinos mencionados en los programas estadounidenses figuran Sudán del Sur, Esuatini, Liberia y Guinea Ecuatorial.
El DHS defiende las deportaciones a terceros países y anuncia una política más estricta
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió los acuerdos internacionales que permiten trasladar a extranjeros con órdenes de expulsión a países distintos de los de su nacionalidad.
Según Mullin, estos mecanismos han permitido ejecutar deportaciones que anteriormente resultaban difíciles por la negativa de los países de origen a recibir a sus ciudadanos.
“Durante demasiado tiempo, extranjeros ilegales con órdenes de expulsión evitaron ser deportados simplemente porque el DHS no tenía adónde enviarlos”, sostuvo el funcionario.
El secretario aseguró que los acuerdos con terceros países buscan impedir que personas con condenas penales graves permanezcan en Estados Unidos únicamente porque sus gobiernos de origen no aceptan su retorno.
La administración Trump ha presentado estos procedimientos como parte de su estrategia para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias.
Más de 4.300 cubanos habrían sido deportados a terceros países entre 2025 y 2026
Las cifras incluidas en el reporte reflejan el alcance de las deportaciones a países distintos del de origen.
Entre enero de 2025 y marzo de 2026, Estados Unidos habría deportado a 18.453 personas mediante estos procedimientos, de las cuales 4.353 serían ciudadanos cubanos.
El volumen de ciudadanos cubanos incluidos en estas cifras muestra la importancia de los acuerdos de readmisión y las dificultades que enfrenta Estados Unidos para ejecutar determinadas órdenes de deportación.
Más de 42.000 cubanos enfrentan órdenes finales de deportación en Estados Unidos
El reporte también señala que más de 42.000 ciudadanos cubanos tienen órdenes finales de deportación vigentes en territorio estadounidense.
Una orden final de deportación no implica necesariamente una expulsión inmediata, ya que su ejecución puede depender de factores jurídicos, administrativos y diplomáticos.
En febrero de 2026, Cuba habría aceptado un vuelo de deportación directa que incluía a personas con condenas por delitos graves.
Sin embargo, las autoridades cubanas mantienen procedimientos de revisión individual para determinar qué ciudadanos pueden ser readmitidos.
Esto contribuye a que algunos nacionales permanezcan en Estados Unidos pese a contar con órdenes definitivas de expulsión.
La controversia sobre las deportaciones a terceros países continúa en Estados Unidos
La administración Trump sostiene que estos acuerdos permiten ejecutar decisiones migratorias pendientes y retirar del territorio estadounidense a personas condenadas por delitos graves.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, por su parte, han cuestionado los riesgos que enfrentan algunas personas trasladadas a países donde no tienen vínculos personales y donde pueden existir preocupaciones sobre su seguridad.
La discusión también incluye el derecho a impugnar determinados traslados y las garantías de que las personas deportadas no sean enviadas a lugares donde puedan sufrir persecución o tortura.
El listado publicado por el DHS se concentra en casos de personas con condenas graves y no representa necesariamente el perfil del conjunto de inmigrantes deportados desde Estados Unidos.
La publicación de los seis casos cubanos vuelve a colocar en el centro del debate la política de readmisión de La Habana y el uso de terceros países como destino para ciudadanos que no pueden ser retornados directamente a la isla.
