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SUSCRIBITEEl vuelo, organizado por ICE, incluyó a ocho extranjeros condenados por delitos graves. Un juez federal investiga si la operación violó una orden judicial
Estados Unidos deportó recientemente a dos ciudadanos cubanos con antecedentes penales graves hacia Sudán del Sur, en el marco de una polémica operación coordinada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El vuelo, que transportaba a ocho personas condenadas por crímenes violentos, ha despertado preocupación jurídica y humanitaria, y actualmente está siendo evaluado por un tribunal federal.
Los cubanos deportados fueron identificados como Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Arias-Hierro había sido condenado por homicidio, robo a mano armada, secuestro, suplantación de identidad y otros delitos, tras ser arrestado el pasado 2 de mayo. Por su parte, Rodríguez-Quiñones, detenido el 30 de abril, enfrentaba cargos por intento de asesinato en primer grado, agresión, hurto y tráfico ilegal de animales.
Aunque el vuelo despegó desde Texas con destino a Sudán del Sur, no se ha confirmado si ese país será el lugar de reubicación permanente para todos los deportados. De los ocho pasajeros, solo uno era ciudadano sursudanés; los demás procedían de Cuba, Birmania, Vietnam y México.
La operación ha desatado controversia. Un juez federal en Boston ha ordenado mantener bajo custodia a los deportados mientras se analiza la legalidad de la medida. El magistrado busca determinar si la deportación violó una orden judicial previa que restringía la expulsión de ciertos individuos a países donde podrían enfrentar situaciones peligrosas o persecución.
Deportaciones a terceros países: una política en expansión
La deportación de ciudadanos cubanos a Sudán del Sur se enmarca dentro de una estrategia más amplia del gobierno de Donald Trump, que ha impulsado la reubicación de inmigrantes en terceros países ante la falta de cooperación de sus naciones de origen. Esta política ha generado tensiones legales y diplomáticas, especialmente cuando los destinos elegidos no guardan vínculos evidentes con los deportados.
La decisión podría marcar un precedente en la manera en que EE. UU. gestiona casos migratorios complejos, y pone de nuevo en el centro del debate el equilibrio entre seguridad nacional, derechos humanos y obligaciones internacionales.
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