MADRID, España.- Todo comenzó con George Washington. Se edificaba la primera república moderna y era necesario nombrar un poder judicial independiente. Don George designó a los seis magistrados de la Corte Suprema (entonces eran seis) y fueron aprobados en dos días. En ese momento no existían izquierdas ni derechas. Ni siquiera había partidos políticos. La disputa era entre federalistas y sus adversarios. La discusión tenía que ver con el grado de autoridad que se le entregaba al poder central. Había, naturalmente, rencillas personales, malquerencias y choques de egos que alguna vez derivaron en duelos a muerte, como el que le costó la vida a Alexander Hamilton a manos de Aaron Burr.
El amargo espectáculo del nombramiento de Brett Kavanaugh y la mezquina riña partidista entre republicanos y demócratas, precedida por la de Merrick Garland en época de Obama, parecida pero de signo contrario, me lleva a pensar que el procedimiento de designar a los jueces en Estados Unidos es disparatado. No es posible que la nación más poderosa de la historia se comporte de esa vergonzosa manera en un asunto tan delicado como escoger a sus jueces principales.
El país no llega a los excesos del Cartel de la Toga en Colombia, Perú o Ecuador, donde algunos magistrados superiores han sido sorprendidos vendiendo las sentencias, o como en Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Cuba, donde los jueces están al obsecuente servicio del gobierno, pero si continúa por esa senda es posible que Estados Unidos alcance la degradación total y acelere su decadencia. Todo camino se puede andar.
El poder judicial es la pieza clave de cualquier estado de derecho fundado en la observancia de la ley, ya sea una república o una monarquía parlamentaria. No existe ningún elemento dentro del Estado que acerque más a los ciudadanos al modelo de gobierno que tener la seguridad de que no serán aplastados por los poderosos, ya sean o no funcionarios. Pero, por la otra punta del razonamiento, no hay un factor que aleje más a las personas del sistema en el que viven que saber que no todas las personas son iguales ante la ley, y que el discurso oficial es una soberana mentira. Ésa es la madre del cinismo generalizado y el factor que más pudre la convivencia.
Hay que erradicar la nefasta práctica de elegir a ciertos jueces como si fueran políticos. Eso exige contribuir con dinero a sus campañas y crea compromisos incómodos. La impartición de justicia es un componente ajeno a la democracia que a veces se lleva a cabo contra el criterio de la mayoría. También es preciso arrebatarles a los políticos la facultad de nombrar a los jueces. La tendencia natural de los políticos será siempre designar a personas que tengan sus mismas ideas y valores. Eso es fatal para el conjunto de la sociedad. Lo único realmente importante es que apliquen la ley sin favoritismos, con altura de miras, y, si ello es posible, compasivamente.
En Estados Unidos se suele consultar los nombramientos judiciales al Colegio de Abogados, pero sus opiniones no son vinculantes. Tal vez debieran serlo. Acaso las mejores facultades de leyes pudieran seleccionar a los candidatos a jueces. Incluso, es concebible un sistema mixto donde las sociedades profesionales propongan una terna y el Presidente y el Comité Judicial del Senado elijan al juez definitivo. Pero, por Dios, no repitan el espantoso espectáculo de Garland o de Kavanaugh. La sociedad norteamericana no se lo merece.
FUENTE: cubanet.org / Carlos Alberto Montaner
