Puerto Rico 31 octubre 2018

Defienden uso de helicóptero de FURA

El gobernador niega que la aeronave haya sido usada para transportar a asesores y allegados

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares le dio la bienvenida a la investigación federal sobre el uso que dio a un helicóptero comprado bajo la pasada administración y que se utilizó luego del huracán María.

El primer ejecutivo negó enfáticamente que la aeronave haya sido usada para transportar a asesores y allegados a campos de golf.

“Yo no juego golf. Que hayan sido asesores míos, yo encuentro eso absurdo”, dijo Rosselló ayer en una actividad en Cataño.

“Yo puedo hablar de para qué se utilizó ese recurso. Yo no juego golf. Yo utilicé el vehículo amparándome en la orden administrativa (de 2015) y en ninguna ocasión persona alguna se montó en ese helicóptero para ir a jugar golf”, indicó.

Según publicó EL VOCERO, agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Transportación de Estados Unidos viajarán a la Isla para unirse a la investigación que realiza la Oficina del Inspector General de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) sobre el presunto mal uso que se le dio al helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) tras el paso de María.

Fuentes de este rotativo afirmaron que el testimonio de los pilotos apunta a que un ayudante del gobernador fue una de las personas que requería que se usara la nave para llevar a familiares y allegados de la mansión ejecutiva a campos de golf en varios pueblos donde hay hospederías.

La investigación comenzó con señalamientos de que el primer ejecutivo intentó montar en esta aeronave a personas que no estaban autorizadas a utilizarla, como la primera dama Beatriz Rosselló, y que luego de que los pilotos se negaran, estos fueron trasladados.

El helicóptero 429 fue adquirido bajo la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla para que fuera usado por el Departamento de Salud como ambulancia aérea. Presuntas irregularidades en esta transacción y en la venta de otros helicópteros para la Policía provocaron que las autoridades federales sometieran cargos contra el presidente de la compañía Ecolift, Ernesto Digregorio.

“Tan pronto se hizo el señalamiento de que había que revisar la orden ejecutiva, se paró el uso de esos vehículos y se está trabajando con el liderato de Héctor Pesquera (secretario del Departamento de Seguridad Pública) para tener las licencias de FAA que se requieren”, afirmó Rosselló.

“Yo invito a toda investigación sobre el uso adecuado de los recursos del gobierno, pero lo cierto es que es importante establecer que había una orden administrativa previo a esto y se estaba usando (el helicóptero) consistente con ello. Cuando se hizo el señalamiento, se detuvo hasta poder tener claridad”, sostuvo.

El gobernador hizo las expresiones en Cataño, a donde llegó para reinaugurar un Centro de Apoyo y Rehabilitación de Adultos Mayores. El alcalde Félix Delgado dijo que el proyecto requirió una inversión de $50,000 entre fondos municipales y estatales.

Este centro, explicó Delgado, quedó destrozado a causa de María. En el lugar, entre 70 y 80 adultos mayores podrán tomar clases y recibir tratamientos como terapias ocupacionales y vacunas.

Afirma que no hubooferta de militarización

Por otro lado, Rosselló señaló que, luego del huracán María, el gobierno federal nunca ofreció militarizar la forma en que se respondió a la emergencia.

“Lo de la militarización de la recuperación nunca era una alternativa real. A nosotros ni siquiera nos plantearon eso”, manifestó. “Lo que pasa es que en esta discusión, algunas personas se pararon en tribuna a hablar de ello”.

Añadió que “tuvimos amplia colaboración, y buena, del Departamento de la Defensa de Estados Unidos. No es ni tan siquiera que estuviéramos opuestos, es que nunca fue una alternativa real. No sé de dónde emana esa consideración”.

Informes de prensa dieron cuenta ayer de un informe del Comité de Investigaciones y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes federal en el que se señala que Isabelo Rivera, ayudante general de la Guardia Nacional, supuestamente notificó al jefe del Negociado de la Guardia Nacional en Washington que el gobierno de Puerto Rico no quería militarizar la respuesta al huracán.

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