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Tras considerar que el lenguaje del proyecto para crear una nueva Ley de Armas puede tener repercusiones en la seguridad pública del País y que la portación de armas debe regularse “adecuadamente”, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Departamento de Justicia se opusieron ayer a la pieza legislativa en múltiples ponencias sometidas a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara.
Las vistas públicas del proyecto del Senado 1050, de la autoría del senador Nelson Cruz, comenzaron ayer con amplía participación del personal de agencias del gobierno central. Entre estos, también hubo representación del Departamento de Hacienda, la Oficina de Administración de los Tribunales y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, incorporó en su ponencia los comentarios del Negociado de la Policía sobre el proyecto. Su exposición fue leída por personal que enviaron en representación suya y expone las razones por las cuales no favorecen el proyecto.
Para Pesquera la medida “trastoca significativamente el estado de derecho vigente, mediante la implementación de nuevos procedimientos relacionados a la expedición de licencias de armas, que más allá de mejorar el sistema actual, podría afectar el campo de seguridad pública”.
El secretario dijo también que le preocupa que se reduzca el término actual de 120 días a 10 días naturales para expedir la licencia de armas. “También, (el proyecto) elimina la facultad de revocar inmediatamente una licencia de armas en caso que el peticionario mienta en la solicitud, lo que estamos en desacuerdo, por motivaciones de seguridad pública”, señaló.
La ponencia del DSP incorporó 15 señalamientos en total para justificar su oposición.
No hay derecho absoluto
En tanto, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, tampoco favoreció el lenguaje del proyecto en su ponencia. “Nuestra mayor preocupación es lo laxo y permisivo que resulta ser lo propuesto, máxime cuando se trata de armas mortíferas”, expresó la funcionaria, quien envió fiscales a deponer en representación suya.
Vázquez afirmó, además, que “es el deber del estado regular adecuadamente las armas de fuego para mantener un balance adecuado entre los derechos de los ciudadanos y la seguridad pública”. Igualmente, la funcionaria reconoció que la Corte Suprema de Estados Unidos validó la posesión y portación de armas como un derecho constitucional, aunque aclaró que “como todo derecho fundamental, no es absoluto; admite limitaciones”.
Dinero para el fondo general
En cambio, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino, pidió a la Cámara que se inserte una enmienda para que todos los recaudos productos de la nueva Ley de Armas ingresen al fondo general y sean distribuidos anualmente como parte del proceso presupuestario. Esto, según Sobrino, para garantizar que la medida cumpla con la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal.
La audiencia pública contó con la asistencia del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quien salió del salón sin emitir declaraciones a la prensa. Sin embargo, el presidente de la comisión cameral, Félix Lasalle, adelantó que la medida podría recibir una larga cantidad de enmiendas, luego de que el gobernador Ricardo Rosselló expresara que vetaría cualquier medida que liberalice la obtención de armas.
FUENTE: elvocero.com
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