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Un fiscal especial independiente investigará la posible comisión de delito de seis integrantes del polémico chat de Telegram revelado el verano pasado, entre ellos el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Las expresiones emitidas en este intercambio de mensajería desataron protestas masivas que le costaron la gobernación a Rosselló y provocaron múltiples renuncias en su gabinete.
La renuncia de Rosselló fue efectiva el 2 de agosto del año pasado.
Según el comunicado de prensa enviado ayer en la tarde por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), los otros cinco integrantes del chat a quienes se les asignó un FEI son el exdirector de campaña de Rosselló, Elías Sánchez Sifonte; el exportavoz del gobernador ante la Junta Federal de Control Fiscal y exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega; el exasesor legal del exgobernante, Alfonso Orona; el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario y el publicista Edwin Miranda.
El panel tampoco encontró base, declaración o referencia sometida por Justicia para investigar a la exsecretaria de Prensa de Rosselló, Yennifer Álvarez; a la exdirectora de la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza, Rosy Santiago y al exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, por lo que se procedió a archivar las alegaciones en su contra.
“Debemos hacer constar que el récord del Departamento de Justicia está huérfano de prueba que involucre —más allá del chat— a varios de sus participantes. Peor aun, hay ausencia de prueba que apoye una mera recomendación de nombramiento de FEI en cuanto a algunos de los delitos que se les atribuyen a las personas contra las cuales nombramos FEI”, se explica.
Los fiscales tendrán 90 días para realizar su investigación a fondo, lo cual incluye el procesamiento por cualquier delito. La pesquisa estará a cargo de los fiscales Miguel A. Colón Ortiz y Leticia Pabón Ortiz.
El PFEI informó que recibió por parte de Justicia 37 cajas con documentos para analizar. Entre ellas, cinco declaraciones juradas y “no en todas ellas se mencionaron comisiones de delito por parte de todos los participantes del chat”. Se agregó que el PFEI descartó devolver el caso a Justicia.
Los delitos
A Rosselló se le investigará por posible violación al Artículo 262 del Código Penal (incumplimiento del deber) y el Artículo 263 (negligencia en el cumplimiento del deber). Además, se deben considerar posibles infracciones a la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
En el caso de Sánchez Sifonte, se señala que podría haber incurrido en infracciones a la ley de la OEG y al Código Penal en los Artículos 252, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios; Artículo 254, intervención indebida en las operaciones gubernamentales, y Artículo 261, influencia indebida.
A Sobrino se le imputan violaciones al Código Penal en su Artículo 177, amenaza; Artículo 262, incumplimiento del deber; Artículo 263, negligencia en el cumplimiento del deber, así como posibles infracciones a la ley de la OEG.
Orona y Rosario serán investigados por los Artículos 262 y 263.
Por último, se indica que Miranda pudo haber incurrido en violaciones al Código Penal en los Artículos 212, falsedad ideológica; Artículo 252, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios; Artículo 254, intervención indebida en las operaciones gubernamentales y Artículo 261, influencia indebida.
El histórico verano
El gobierno de Rosselló se fue desquebrajando el pasado verano al filtrarse pedazos de un chat en el que compartía con sus allegados. Las primeras páginas daban cuenta de un gobernante que tildaba de “pu…” a la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito.
En el polémico chat, Sobrino se burló de los muertos por el huracán María que estaban acumulados en el Negociado de Ciencias Forenses.
A lo anterior se sumó el arresto de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y de la directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila.
FUENTE: elvocero.com
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