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Según publica el portal Diario de Cuba, horas después de que el régimen de Cuba fuera cuestionado en el Comité contra la Tortura de la ONU, el vocero oficialista Humberto López visitó una prisión cubana, a la que calificó como "una escuela al campo".
En una transmisión en directo a través de su muro de Facebook, el individuo que entre 2020 y 2021 divulgara a través de la televisión oficial material obtenido por la Seguridad del Estado para desacreditar y criminalizar a colectivos de la sociedad civil independiente como el Movimiento San Isidro y el 27N, aseguró que lleva "varios días de recorrido por diferentes establecimientos penitenciarios del país".
Según López, en ese recorrido "fuimos al Combinado del Este y a la prisión de jóvenes de la capital", pero de esos sitios solo difundió algunas fotos. La prensa oficial casi nunca muestra imágenes de los más de 200 centros penitenciarios que hay en Cuba, cifra descomunal para una población de apenas 11,3 millones de habitantes.
No obstante, la transmisión en directo de López fue dedicada a un campamento de régimen abierto, como son conocidos los establecimientos penitenciarios a los que son enviados prisioneros de "buena conducta", a punto de cumplir sanción o condenados por delitos menores.
No obstante, tras su llegada, estos abandonaron la actividad y lo acompañaron a través de la instalación, donde entre otras escenas mostró una biblioteca llena de reclusos leyendo.
El vocero, que evitó usar todo el tiempo los términos prisión o cárcel, incluso llegó a preguntar a los reclusos si son torturados, sin recibieron presiones para hablar con él o si reciben buena alimentación. Todos respondieron que su experiencia en prisión es magnífica.
López adelantó que va a mostrar más detalles de su recorrido en próximos programas de la televisión.
Esta semana, organizaciones de la sociedad civil de la Isla denunciaron prácticas como atención médica nula o deficiente, confinamientos en celdas de castigo, exposición a altas temperaturas, entre otros vejámenes que padecen los cubanos encarcelados por las protestas del 11J.
Antes de las manifestaciones que estallaron el 11 de julio en Cuba había entre 130 y 150 presos políticos, según señaló Javier Larrondo, de la ONG Cuban Prisoners Defenders. Tras las protestas, "la represión migró al pueblo llano", sostuvo Larrondo.
El informe de Prisoners Defenders muestra que todos los detenidos por los sucesos del 11J sufrieron detenciones arbitrarias. Los menores de edad sufrieron tortura y maltratos físicos. Presos políticos como José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), están "siendo asesinados en prisión". La afirmación de Larrondo se sustenta en que Ferrer no presentaba dolencias físicas antes de ser encarcelado y ahora tiene varios problemas de salud.
José Raúl Gallego, de la organización de asesoría legal Cubalex, abordó varios métodos empleados contra presos políticos y comunes desde 2003, documentados a partir de los testimonios de cubanos que pasaron por las prisiones en la Isla desde la llamada Primavera Negra hasta el presente.
El hacinamiento, la insalubridad, la falta de ventilación, la insuficiencia de agua potable, las enfermedades gastrointestinales y la falta de atención médica hacen que las mismas condiciones de las prisiones constituyan una forma de tortura.
"El propio Gobierno cubano tuvo que reconocer que en el último año al menos 100 personas murieron en prisión bajo su custodia", dijo Gallego, quien también ofreció ejemplos de maltratos físicos, como la práctica de lanzar a los reclusos escaleras abajo con las manos esposadas a la espalda o mantenerlos esposados en posiciones incómodas durante 24 horas, sin permitirles usar un baño, por lo que deben orinarse y defecarse encima.
La sistematicidad de las torturas en las prisiones de la Isla también ocupó un espacio dentro del informe del Comité Contra la Tortura. El órgano de la ONU, tras haber revisado la situación de Cuba los días 21 y 29 de abril de 2022 en Ginebra, Suiza, solicitó al Estado proporcionar información precisa a más tardar el 13 de mayo de 2023, sobre una inspección independiente de los lugares de detención, así como la situación de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas y artistas en la Isla, y la investigación y sanción de los responsables de los sucesos del 11 de julio de 2021.
El Comité lamentó que, hasta la fecha, no se haya creado en Cuba una institución nacional de derechos humanos; no exista independencia, imparcialidad y eficacia de la Fiscalía General y del poder judicial. También que no se garantice el derecho a la libre asociación ni al ejercicio independiente de la abogacía, y que no existan medidas legislativas ni garantías para que los tribunales militares no juzguen a civiles.
FUENTE: diariodecuba.com
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